* Redim condena la criminalización de toda la población sobreviviente en el espacio público ante la falta de políticas públicas de inclusión social.
Ciudad de México, 10 de febrero de 2017. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que el desalojo de población en situación de calle en el centro de la Ciudad de México, realizado la semana anterior, es sólo un caso paradigmático que muestra la criminalización y la persecución que viven estas poblaciones desde hace una década, y llamó al gobierno capitalino a cumplir con las obligaciones que tiene con estas ciudadanas y ciudadanos.
La organización recordó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ya ha emitido varias recomendaciones e instó urgentemente a la instalación de una mesa de trabajo con acompañamiento internacional para solucionar el problema, así como a depurar responsabilidades administrativas y penales por violación a derechos humanos.
El pasado 8 de febrero de 2017 al mediodía, las autoridades desalojaron a la población que se encontraba habitando las calles de Artículo 123 y Humboldt. El centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que formaron el operativo acordonaron la zona y entregaron las pertenencias de los habitantes a trabajadores de limpieza.
Redim calificó la operación de “acción de limpieza social” y denunció que éste tipo de acciones ontravienen lo establecido en el “Protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México”, donde se establece que “bajo ninguna circunstancia los entes responsables o corresponsables en el presente Protocolo podrán realizar desalojos o retiros forzosos de personas integrantes de las poblaciones callejeras, que se encuentren en la vía pública o dentro de algún espacio público.”
La organización tachó de “lamentable” el empleo del argumento de la venta de drogas entre la población que vive en la calle para justificar éste tipo de operaciones; también condenó la utilización de la situación de la población que habita en la calle como «fuero de impunidad», por lo que indicó que todo acto delictivo debe ser sancionado de acuerdo al debido proceso y garantías judiciales. Insistió en que la problemática de exclusión social no se debe abordar con operativos y con la policía, sino con políticas públicas efectivas que cuenten con la participación de las poblaciones callejeras para lograr su inclusión.
Los organismos que conforman la red exigieron una serie de medidas como la disculpa pública, el fin de la persecución y el inicio de los acuerdos con la población en situación de calle, además de informar del seguimiento de la situación de las personas desalojadas. Finalmente llamaron al Gobierno de la Ciudad de México a cumplir en su totalidad el Protocolo y garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.