Anuncian procedimientos administrativos contra funcionarios acusados de alterar la investigación de Ayotzinapa; familias acusan que es insuficiente y exigen acelerar la búsqueda

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* En la reunión entre las familias y altos funcionarios federales no se especificaron más aspectos sobre los plazos ni el carácter del proceso sancionador.

Familiares de los 43 normalistas en rueda de prensa | Padres y Madres Ayotzinapa

Ciudad de México, 9 de febrero de 2017. En la primera reunión en seis meses entre las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y altos funcionarios federales relacionados con el caso, padres y madres reiteraron su exigencia de que se agilice la localización de los desaparecidos y se castigue a los funcionarios responsables de la alteración de la investigación.

En la reunión, en la que estuvieron presentes el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los subsecretarios Sara Irene Herrerías, Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, la PGR anunció que se iniciarán procedimientos administrativos contra siete funcionarios acusados de irregularidades e intentó justificarlas, lo que provocó la molestia de las familias pues el anterior acuerdo de la visitaduría interna -que se conoció gracias a revelaciones periodísticas- hablaba de 18 responsabilidades que llegarían incluso al ámbito penal dada su gravedad.

Las familias reiteraron su preocupación por la falta de resultados a más de dos años de la desaparición de sus hijos a manos de policías, e insistieron en que el Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe contar con las garantías de que su trabajo no será entorpecido como el del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), a quien las propias autoridades federales le ocultaron antecedentes sobre el tráfico de droga en autobuses y los posibles vínculos de funcionarios con el cartel involucrado.

Los funcionarios se comprometieron a reinstalar mesas de diálogo mensuales, incrementar el número de agentes investigadores, proveer análisis de telefonía, agotar todas las líneas de investigación, coordinarse en torno al mecanismo de la CIDH, financiar el uso de la tecnología LIDAR de búsqueda de fosas, entregar el análisis de la visitaduría interna y concluir el análisis de los casos que aún siguen bajo el poder de la Fiscalía de Guerrero. Madres y padres, quienes reclamaron el lento avance de la investigación, advirtieron que retomarán las movilizaciones para presionar por resultados y explicaron que estos son compromisos viejos ante los que exigen respuestas prontas.

En rueda de prensa, la PGR informó que será la Secretaría de la Función Pública -a cargo de la anterior titular de la PGR, Arely Gómez González- quien determine el campo de responsabilidades del anterior titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) al no ser legalmente ni perito, ni ministerio público ni elemento de la policía, mientras que de los seis funcionarios restantes se dará vista a sus superiores jerárquicos. La Procuraduría aceptó que a instancias de las familias se está investigando al actual titular de la Agencia, instancia dependiente de la propia PGR e involucrada en la investigación, por presuntos vínculos con integrantes de Guerreros Unidos.

Los familiares manifestaron en rueda de prensa que quedó sin aclarar la información que se ocultó al GIEI sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago a través de autobuses de pasajeros. Señalaron que la reactivación de sus protestas para que el crimen no quede en el olvido “no es sólo por los 43, sino por los miles que hacen falta en México; para prevenir que otros sigan desapareciendo”.