El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Jan Jarab; Alejandro Madrazo Lajous, director del Programa de Política Antidrogas del CIDE, y representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron a senadores y diputados que dictaminan la ley de seguridad interior no dar un cheque en blanco
a las fuerzas armadas y tomar en cuenta la experiencia negativa de 10 años de participación de los militares en el combate al crimen organizado.
Jarab recordó que en 2016 el Alto Comisionado recomendó a México promover un enfoque de seguridad ciudadana, con énfasis en la protección de la vida y los derechos humanos. Si el Estado insiste en adoptar una legislación sobre seguridad interior se deben considerar 17 puntos, entre ellos, que sea compatible con los tratados internacionales sobre garantías fundamentales, especificar que el llamado a las fuerzas armadas sea el último recurso y se establezca su retiro gradual de las calles, agregó. Madrazo Lajous sostuvo que la violencia aumentó en aquellos municipios donde fueron desplegadas las fuerzas armadas, y en 37 por ciento de las acciones en que intervinieron militares todos los presuntos delincuentes fueron muertos. Advirtió que las dos iniciativas que se analizan, la del diputado del PRI, César Camacho, y la del senador panista Roberto Gil Zuarth, son demasiado laxas, no regulan la operación de los militares ni acotan la fuerza pública y se permite que el Ejército pueda repeler o usar la fuerza letal contra todo tipo de protestas.
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que en la década en que el Ejército y la Marina han participado en tareas policiacas aumentaron las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil 751 quejas y emitió 146 recomendaciones.
*Con información de La Jornada y video del Senado
