* Lamentan la finalización del diálogo de la Cámara de Diputados con la sociedad civil y personas expertas.
Ciudad de México, 18 de enero de 2017. Decenas de organizaciones de derechos humanos acusaron que las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados a la Ley General contra la Tortura son regresivas, contrarias a los estándares internacionales y que debilitarían la visibilidad y las investigaciones contra esta grave violación a los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes pidieron no retroceder en el marco jurídico de interpretaciones ya implementadas e incorporar los estándares más altos para la protección de los derechos humanos; exhortaron a la Cámara de Diputados a aprobar una Ley General que erradique la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, fortaleciendo controles de prevención y sanción al tiempo que elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura.
El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar las leyes generales con la finalidad de combatir la tortura y la desaparición forzada. La minuta aprobada en un primer momento por el Senado sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes presentaba avances para cumplir con estándares de derechos humanos; desde mayo de 2016 llegó a la Cámara de Diputados, en donde se frenó a el diálogo con la sociedad civil y personas expertas, lamentaron las organizaciones. Las y los expertos señalaron que debido a esta paralización se pretendió votar un dictamen el último día del periodo legislativo anterior con modificaciones regresivas y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.
Las organizaciones advirtieron que las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados “no contemplaran mejorar y elevar estándares de la ley aprobada por el Senado” dado que pretendieron, entre otras medidas, restringir la facultad de los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura. También quisieron limitar los casos en los que se separe de las investigaciones a agentes posiblemente implicados en tortura, facilitando que se investiguen a sí mismos. Además, la propuesta para registrar víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados deja fuera la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Las organizaciones firmantes también acusaron la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidades de los superiores jerárquicos que incurran en responsabilidad por actos de tortura.
Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre la tortura generalizada existente en México. En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU concluyó que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado la necesidad de contar con marcos normativos para la total erradicación de esta práctica.
*Consultar el comunicado completo y el listado de organizaciones firmantes aquí.