* Llaman a ampliar el debate ante la posibilidad de que se imponga la Ley de forma apresurada y opaca.
Ciudad de México, 11 de enero de 2017. Excluir la perspectiva de derechos humanos de la actual discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Senado llevará a la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.
Las discusiones de la posible ley comenzaron ayer en el Senado con una representación de ambas cámaras legislativas y del Poder Ejecutivo. Los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior.
“Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense’”, advirtieron en el comunicado organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia.
Las organizaciones recordaron que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, lo que puede tener graves consecuencias para los derechos humanos, tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe temático del año 2009. Además, advirtieron, la reglamentación del concepto de seguridad interior en los términos de la discusión de ayer incumpliría no sólo tratados internacionales sino la Constitución, pues el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior y se establece en la Carta Magna que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles.
Al tiempo que criticaron el formato de las discusiones por excluir las visiones críticas y buscar la reproducción del discurso oficial, los firmantes – entre quienes se encuentran también la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Red TdT y el Centro Prodh- exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.