*Más de 80 organizaciones civiles denuncian la inacción, la corrupción, la impunidad y la mala planeación del Gobierno como desencadenantes de la situación de insostenibilidad actual.
Ciudad de México, 09 de enero de 2017. Más de ochenta organizaciones de la sociedad civil y alrededor de 200 personas urgieron al Estado mexicano a adoptar una serie de medidas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad ante la inconformidad social que, sostuvieron, no es solamente causada por el gasolinazo.
Las organizaciones, entre las que se encuentran Causa en Común y México Evalúa, acusaron a las autoridades de imponer medidas de austeridad a la población, como las alzas del precio del combustible, que no van acompañadas de un programa de austeridad burocrática ni de ninguna medida que afecte las altas esferas del poder. Asimismo, denunciaron la inacción del gobierno federal por la falta de un programa de contención ante las medidas anunciadas por Donald Trump. También señalaron la complicidad de las autoridades encargadas de impartir justicia a la hora de actuar ante los exgobernadores en investigación por desfalcos y corrupción.
Al argumentar que “México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción pública y privada”, instaron al gobierno a adoptar urgentemente un paquete de medidas.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le solicitaron implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de los poderes públicos, ampliar el acceso a la información para controlar el correcto ejercicio del gasto público y reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública; a la Secretaría de Economía la instaron a proponer un plan de contención ante la posible pérdida de inversiones; a la Secretaría de la Función Pública la llamaron a asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interés.
A la Procuraduría General de la República, por su parte, la instaron a investigar las informaciones que señalan pagos por obtenciones de obras públicas, presuntamente relacionadas con Petroléos Mexicanos (Pemex) y sancionar si fuera oportuno; investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Pemex y asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances.
* Consultar comunicado íntegro aquí