*Esto demuestra las fallas de la PGR, señala el rotativo
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2016. El diario estadounidense The New York Times confirmó la existencia de un informe interno de la Procuraduría General de la República (PGR) que confirma graves omisiones, deficiencias e irregularidades que pondrían en tela de juicio los fundamentos legales de la investigación del caso Ayotzinapa y que las autoridades federales se han negado a difundir.
El informe al que tuvo acceso el diario señala que se violó el derecho de las víctimas a la justicia, y detalla que sospechosos claves fueron arrestados y trasladados de forma ilegal, lo cual invalida legalmente cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos. Para el diario esto evidencia que la Procuraduría General de la República manejó incorrectamente el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
El estudio consta de 177 páginas que iban a ser entregadas a los familiares de los desaparecidos en una reunión con la PGR el pasado 18 de agosto. Los padres de los 43 no recibieron el documento, pues se les dijo que las autoridades judiciales superiores debían, como formalidad, aprobar el estudio. Dicha aprobación no llegó nunca y poco más tarde el visitador general a quien se encomendó la aprobación
, César Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperada, cuatro semanas después. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh y representante legal de las familias, señaló a La Jornada que esto fue un signo claro de falta de voluntad política, no sólo de la PGR sino del gobierno federal, para dar por concluida la investigación
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La PGR señaló por la noche que el documento carece de validez pero no negó su existencia. El Times afirmó que la posibilidad de que el reporte se elimine preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que su titular, James L. Cavallaro, declaró: El documento claramente es importante; esperamos y queremos recibirlo
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El Times hace un recuento de la desaparición de los normalistas, de cómo habrían sido entregados a la banda de narcotraficantes Guerreros unidos y de cómo la versión oficial de los hechos se basa en testimonios dudosos, producto de detenciones arbitrarias, y sostiene que la falta de legalidad es común en las investigaciones criminales en México.