*Piden ONG discusión pública; señalan que la suspensión de garantías sin verdaderos controles y contrapesos incentiva el uso arbitrario del poder y vulnera a la población civil.
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2016. Decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados «a que no apruebe de forma apresurada» la permanencia militar en tareas de seguridad pública y la suspensión de garantías para la población, y llamaron a los legisladores a ser un contrapeso a iniciativas autoritarias y poco democráticas.
Ambas iniciativas -para las que podría darse un periodo especial para su aprobación- pretenden «normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad públicas –desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito-«, sin ninguna clase de contrapesos, advirtieron.
Aunque destacaron que es importante dotar de un marco jurídico a las fuerzas armadas, advierten también que éstas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, y han metido al Ejército a desempeñar tareas que constitucionalmente no le corresponden y para las que no está entrenado.
Un marco jurídico para las Fuerzas Armadas «no puede simplemente plantear -como hacen las propuestas legislativas de seguridad interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y César Camacho Quiroz (PRI)- que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el Ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil», indicaron las ONG. De igual forma, advirtieron que la experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, normalizando lo que pretendía ser excepcional. «No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las fuerzas federales. Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho».
«Cualquier propuesta de regulación debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable», demandaron las organizaciones. También solicitaron a los legisladores expedir una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
Las organizaciones señalaron que el saldo de la guerra contra las drogas en México es grave: «En 10 años hemos acumulado más de 200 mil homicidios, hay más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de desplazados de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Enrique Peña Nieto es equivocada». En ese sentido, advirtieron que «el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente».