*Informe destaca los casos de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García, declarados por Comités de la ONU como detenciones arbitrarias.
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2016. Para poner fin fin al fenómeno de la detención arbitraria en México es necesario sancionar penal, civil y administrativamente a los responsables que son parte de los sistemas de seguridad y procuración de justicia, advirtieron ayer organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales al presentar el informe «Detenciones arbitrarias e ilegales. Criminalización: una política de Estado para inhibir la defensa de los Derechos Humanos en México».
Las organizaciones concluyeron que es evidente la existencia de una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos a través de su criminalización. El patrón de actuación consiste en: difamación y desprestigio, arresto ilegal, incomunicación, confinamiento, tortura, desaparición forzada antes de la presentación de la persona y flagrante violación al debido proceso, además de acusaciones por secuestro y delincuencia organizada mayormente.
En el documento, realizado por 11 organizaciones, se destaca la necesidad de reformas profundas tanto en el sistema de impartición de justicia como en las prácticas institucionalizadas de violencia en contra de opositores. Los casos incluidos en el estudio son los de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García, declarados por Comités de la ONU como detenciones arbitrarias.
La coordinadora de Protección para América Latina de Front Line Defenders, Ivi Oliveira, denunció que el Estado Mexicano omite cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en particular, los relativos a las recomendaciones de liberar a tres de las cinco personas incluídas en el estudio: Damián Gallardo Martínez, Librado Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña.
En el documento se recomienda a las autoridades nacionales diseñar e implementar planes integrales de reparación del daño material y moral sufrido, así como medidas de no repetición, además de diseñar dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos un procedimiento apropiado para atender el fenómeno de la criminalización y abuso de poder como método de silenciamiento.
*Con información de El Economista