*Las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015.
Ciudad de México, 22 de noviembre de 2016. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) presentaron un escrito de amicus curiae ante el Juzgado Primero del Vigésimo Primer Circuito en el estado de Guerrero para contribuir a la decisión del Juzgado Primero en torno a una demanda de amparo interpuesta por la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, Guerrero.
«El amparo se refiere a la emisión de la Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015, por parte de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que particulares obtengan concesiones de licencias para la exploración y explotación de recursos naturales en territorios ancestralmente ocupados por la comunidad indígena de San Miguel del Progreso», precisó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña «Tlachinollan», acompañante del proceso.
El escrito de amicus curiae, presentado el 11 de noviembre, resalta los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Constitucional comparado sobre la consulta previa, libre e informada, así como de derechos territoriales de los pueblos indígenas, aplicables a la concesión de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales susceptibles de afectarles.
«Las organizaciones signatarias del amicus curiae esperan que el Juzgado Primero de Distrito anule la Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015, en tanto su adopción no fue precedida de un proceso de consulta a la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyos integrantes han manifestado estar en contra de megaproyectos de minería en su territorio. Una decisión que se aparte de los estándares internacionales detallados en el escrito de amicus curiae no solo desconocería los derechos fundamentales del pueblo Me’phaa de San Miguel del Progreso, sino que deslindaría en el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano», explicó Tlachinollan.
Antecedentes
Tras un largo proceso, a San Miguel del Progreso se le confirmó hace un tiempo que en su territorio fueron entregadas las concesiones Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861). Frente al inminente despojo, Júba Wajiín –como otros 17 núcleos agrarios indígenas– negó su anuencia a la exploración y explotación minera y formalizó la decisión en una Asamblea General de Comuneros, que se inscribió en el Registro Agrario Nacional . Luego dio un paso inédito: impugnó legalmente las concesiones. Con la asesoría de Tlachinollan, la comunidad presentó una demanda de amparo que cuestionó la entrega de concesiones sin consulta y pidió determinar si la Ley Minera es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales al no proteger los territorios indígenas. Un Juez de Distrito dio la razón a la comunidad, pero el Gobierno Federal interpuso un recurso de revisión que motivó la remisión del caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó el recurso.
Tras la decisión del máximo tribunal se realizó la a Declaratoria de Libertad de Terreno 02/2015, que posibilita la entrega de nuevas concesiones.
La comunidad y Tlachinollan documentaron esfuerzos del Ejecutivo Federal para evitar que se analizara la Ley Minera, lo que llegó al extremo de que las empresas se desistieran de las concesiones. Sabedores de que en México los procesos legales suelen ser tortuosos e inciertos, las y los me’phaa refuerzan su organización y su articulación con otras comunidades. Júba Wajiín participa en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, que cohesiona a los pueblos frente a la amenaza minera.