Criminalización y persecución a migrantes, mujeres y defensores en la frontera sur: Misión de Observación

*Presentan informe sombra a un año de la Declaratoria de Alerta de Género.

Reporteros del Sur
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Ciudad de México, 18 de noviembre de 2016. Después de recorrer más de 2 mil kilómetros de corredores migratorios durante seis días, la Misión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en la Frontera Guatemala-México documentó un patrón común de criminalización, persecución y represión a mujeres, migrantes y personas defensoras de derechos humanos y del territorio que pueden culminar en la privación de su libertad y hasta en su asesinato.

La Misión Internacional estuvo conformada por 24 personas defensoras de derechos humanos de Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Canadá y más de 30 acompañantes pertenecientes a organizaciones de México y Guatemala. Se dividió en dos rutas que salieron de la ciudad de Guatemala: una de ellas partió hacia Quetzaltenango, Huehuetenango, La Mesilla y ya del lado mexicano a Frontera Comalapa, Tapachula, Suchiate, Acacoyagua, Mapastepec, Tonalá y Arriaga. La otra se dirigió a Cobán, Sayaxché, Santa Elena y del lado mexicano Tenosique, Palenque, Salto de Agua y Ocosingo.

En su informe, presentado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Misión señaló que encontró «patrones comunes de intensificación de un modelo de desarrollo basado en la acumulación económica a partir del despojo de los bienes naturales de los pueblos, el incremento de la movilidad humana a partir de la violencia estructural y generalizada, y de la violencia específica que sufren las mujeres». También documentó un patrón común en la consolidación de un enfoque de seguridad nacional con el objetivo de controlar los flujos migratorios, aumentando la presencia militar, de puestos y retenes de control migratorio, en detrimento de un enfoque de seguridad humana.

En la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos escuchados por la Misión se identificó una responsabilidad directa de autoridades públicas, en colusión con el crimen organizado y empresas nacionales y transnacionales. Señalaron que la impunidad y la corrupción fortalecen la violencia.

Pero en contraste, indicaron, es esperanzador el incremento de colectivos y población no organizada que está tomando consciencia de la magnitud de estos fenómenos.

*Con información de Proceso