- Calderón se lanza nuevamente contra críticos de abusos militares y omite violaciones a DH.
- Fuentes anónimas militares consideran también que supeditarlas a civiles “pervierte su misión”.
En el marco de las celebraciones por la batalla del 5 de mayo, Felipe Calderón aprovechó para volver a brindar su apoyo irrestricto al ejército en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, así como para denostar nuevamente a sus críticos. De manera claramente descontextualizada y tratando de sustentar la posición que ha mantenido desde el inicio del sexenio, afirmó que “el combate es por la libertad y la justicia de México” y cerró quejándose de que “a pesar de los méritos ganados en el quehacer cotidiano, de su esfuerzo heroico, e incluso del martirio de muchos de sus integrantes, hay quienes regatean los aportes, los logros y los sacrificios de las Fuerzas Armadas, porque ponen en duda su enorme contribución para la fortaleza de la República”. En ningún momento hubo mención a la gran cantidad de personas inocentes que han sufrido abusos en este contexto o de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad que han sido definidos como daños colaterales por el mismo secretario de la defensa.
Pero a pesar de la confianza de calderón, las muestras de que el asunto seguirá empeorando son múltiples y graves por venir de parte de los mismos que impulsan esta perspectiva de lucha contra la criminalidad. Por una parte el comandante del cuartel general del alto mando de la Secretaría de Marina, vicealmirante José Gabriel Martínez Berriel, reconoció que el problema del narco es “mayúsculo”. Pero más claros fueron la DEA y El FBI, quienes señalaron que “tenemos que manejar las expectativas; anticipamos que la violencia horripilante en México podría empeorar antes de mejorar”, en una declaración conjunta ante el Congreso. Los responsables de dicha afirmación fueron Anthony Placido, administrador asistente de inteligencia de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y Kevin Perkins, director asistente de investigaciones criminales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Finalmente, y como para dejar claro el asunto, fuentes militares de alto nivel declararon a Reforma, en contrario a lo dicho por Calderón, que la Ley de seguridad nacional, que enmarcaría la acción del ejército en labores de seguridad pública, responde a «intereses oscuros, anhelos partidistas y vivencias personales». De manera más específica afirmaron que “al supeditarlas a las autoridades civiles, ya rebasadas por un problema, se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión.»