*Las víctimas siguen desplazadas, mientras el gobierno acosa a sus familiares y no busca a los desaparecidos, denuncian organizaciones.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2016. Con una peregrinación, centenares de pobladores de las comunidades de Nuevo Tila, Lacanjá Tseltal, Limonar, Chamizal, Francisco León, Arroyo Granizo, Ojo de Agua, Chamizal y Nuevo Jericó, en Chiapas, exigieron justicia por la masacre impune de Viejo Velasco, que cumplió una década, búsqueda de los desaparecidos y retorno de los desplazados.
Organizaciones de derechos humanos recordaron que al amanecer del 13 de noviembre del 2006, un grupo de aproximadamente 40 civiles proveniente de las comunidades Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (miembros de la llamada “Comunidad Lacandona”), fuertemente armados y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad Viejo Velasco, en compañía de 300 elementos de la Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.
Los desplazados señalaron que la coordinación de la agresión -allanamiento de hogares, ejecución arbitraria de 4 personas, retención y tortura contra una más, 4 desapariciones forzadas y el desplazamiento de 36 habitantes- corrió a cargo de Rafael Armando Arellanes, entonces Subsecretario de Acción Política del gobierno del estado de Chiapas, y de Gabriel Montoya Oceguera, quien fungía como delegado de Gobierno para la Selva Lacandona.
«El objetivo de esta Masacre era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona, mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de ‘garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules’, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas tseltales, tsotsiles choles y tojolabales, ubicados en la zona», detallaron las organizaciones, entre las que se encuentran TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, UCISECH, Maderas del Pueblo del Sureste, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Misión de la Santísima Trinidad – Arena.
Viejo Velasco se negó a aceptar la reubicación forzosa y el 28 de marzo de 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anunció el finiquito del proceso agrario beneficiando únicamente a los integrantes de la llamada Comunidad Lacandona. El gobierno inició procesos de reubicación forzada y amenazas de desalojo violento en toda la Selva Lacandona. En la zona del Valle de Santo Domingo y la Cojolita, sus esfuerzos represivos se concentraron en cuatro poblados: Viejo Velasco, Flor de Cacao, Ojo de Agua Tsotsil y San Jacinto Lacanjá.
«Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco mantienen el sufrimiento como consecuencia del despojo y de la impunidad. Hasta hoy, el Estado mexicano no ha informado sobre los avances de la búsqueda de los desaparecidos. Desde el día de los hechos, las familias continúan viviendo un desplazamiento forzado, sin tierras ni casas y sin posibilidad de una vida digna, sufriendo una profunda ansiedad frente a la posibilidad de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas si –como es su deseo- retornan a su comunidad», denunciaron.
Las organizaciones también informaron que las actuaciones judiciales, lejos de centrarse en el juzgamiento efectivo de los responsables materiales e intelectuales, se han encaminado a responsabilizar a los propios familiares sobrevivientes de las víctimas.
Las organizaciones, integrantes en su momento de la red Misión Civil de Observación en Montes Azules, exigieron dar con el paradero de Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate López, desaparecidos de manera forzada el día de los hechos; el esclarecimiento total de los hechos y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre; la cancelación de las órdenes de aprehensión vigentes contra los propios familiares sobrevivientes y miembros de la organización de las víctimas y el retorno con garantías de seguridad para las familias desplazadas a la comunidad Viejo Velasco.