*Presentan su plan de trabajo para el primer año y sostienen reuniones de alto nivel en su primer día.
Ciudad de México, 11 de noviembre de 2016. Al presentar públicamente el Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que está demostrado que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y llamó al gobierno mexicano a cambiar esa narrativa y analizar «líneas factibles».
«El trabajo del GIEI [Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes] demostró que los cuerpos de los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula», insistió el presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien agregó que la principal deuda que tiene el Estado con los estudiantes, sus familiares, y la sociedad toda, es investigar hasta establecer la verdad de los hechos.
Los integrantes del mecanismo aclararon que su misión es supervisar el cumplimiento de la Medida Cautelar vigente a favor de las víctimas y de las recomendaciones del GIEI, por lo que esperan «total colaboración» de parte de las autoridades mexicanas.
Cavallaro sostuvo que el mecanismo dará seguimiento a la hipótesis de que las inverosímiles declaraciones sobre las cuales se construyó la llamada verdad histórica se hicieron bajo tortura, y recordó que 80 de los más de cien detenidos han denunciado tortura y 60 presentaron lesiones corporales. También se dará seguimiento a diligencias y hechos pendientes de investigar como las entrevistas a los militares del 27 batallón de Iguala y la actuación irregular de distintas autoridades, que podrán ser interrogadas.
El Relator de la CIDH para México y coordinador del Mecanismo de Seguimiento, Enrique Gil Botero, señaló que a los efectos de conducir una investigación efectiva que llegue a la verdad, el GIEI incluyó recomendaciones técnicas específicas cuyo cumplimiento está pendiente: «El segundo informe del GIEI es muy preciso en el análisis de los problemas que tuvo la investigación y las recomendaciones para resolverlos», señaló. «Abarca desde las limitaciones y obstrucciones que enfrentó la investigación, la ausencia de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, la falta de atención adecuada a los familiares, la revictimización, y las deficiencias de los informes médicos realizados a las personas detenidas tras las denuncias de haber sido torturadas».
El comisionado Enrique Gil Botero precisó que son cuatro los grandes ejes de trabajo: monitorear el avance de la investigación; asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los jóvenes desaparecidos; asegurar la atención integral a las víctimas y sus familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
Los comisionados de la CIDH e integrantes del equipo técnico del mecanismo se reunieron ayer por la mañana con el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, la canciller Claudia Ruiz Massieu y el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. También sostuvieron un encuentro con Jan Ja?ab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, informó que habrá visitas oficiales periódicas de los comisionados, además de las visitas técnicas de los cinco asesores.
*Con información de La Jornada