La reforma a Ley de Víctimas es «un acuerdo político que desampara a las víctimas»

*Es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis, sostienen.
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2016. Colectivos de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos señalaron que la reforma a la Ley General de Víctimas avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos el 25 de octubre, es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México.

«Pese a que la reforma se propone reducir la estructura y los procesos burocráticos que impedían por completo el ejercicio de derechos de las víctimas, es sumamente preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político», señala el pronunciamiento.

Particularmente, las organizaciones destacaron que las Comisiones del Senado que avalaron el dictamen apoyaron un acuerdo político para que sólo el Presidente designe al titular del organismo (una primera vez por un periodo de tres años). «Esta decisión, además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento de los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que hemos acompañado el proceso de reforma. Adicionalmente, es preocupante que no se incluyó la cláusula propuesta por diversos colectivos de víctimas y organizaciones, de excluir en el proceso de selección como candidatos/as a quienes han  desempeñado cargos de comisionados y comisionadas, toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años y con suficiente evidencia, no estar a la altura de la tragedia que vive México».

El pronunciamiento también destaca que la CEAV es un órgano operado políticamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la reforma consolida esta condición porque tendrá a la cabeza una Junta presidida por la misma Secretaría y conformada en su mayoría por autoridades (cuatro secretarios de Estado y el presidente de la CEAV, designado por el Ejecutivo Federal), sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la materia.

Además, las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma y se desconoció la petición de incluir un proceso abierto, democrático y participativo en la construcción del reglamento interno de funcionamiento.

Otro punto es que el Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

«Las consideraciones expresadas, minimizan el objetivo de la reforma aprobada. El poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie. De hecho, es un retroceso respecto a los controles que la Ley vigente tiene respecto a la designación y estructura. Las víctimas, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto merecen más que esto y la crisis de derechos humanos instalada en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida. Llamamos con urgencia al Pleno del Senado de la República y a la Cámara de Diputados a atender los puntos antes señalados», finalizaron.