*Presentan el informe En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende, elaborado por El Colegio de México.
Ciudad de México, 10 de octubre de 2016. Una abierta complicidad de autoridades y agentes policiacos del Estado mexicano con la organización delincuencial de Los Zetas hizo posible la matanza de San Fernando, Tamaulipas, y la desaparición masiva de personas en Allende, Coahuila, registradas el 22 de agosto de 2010 y el 18,19 y 20 de marzo de 2011, respectivamente, se desprende del informe En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende, elaborado por El Colegio de México (Colmex) y auspiciado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El informe, presentado este fin de semana, detalla que aunque son tres los principales factores que se conjugaron en este caso: el control casi total del crimen organizado de algunas regiones de estas dos entidades; la guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo, iniciada en 2010, y la complicidad de agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias, incluyendo los organismos estatales y federales de derechos humanos y de atención a víctimas.
Los investigadores, coordinados por Sergio Aguayo, concluyeron, tras analizar estadísticas, constancias, declaraciones y reportes sobre la masacre de migrantes en San Fernando, cometida en agosto de 2010 que ese municipio tamaulipeco era en 2010 un «campo de exterminio». Documentaron que Los Zetas levantaban a migrantes, que luego ejecutaban «en masa», para mantener el control de la plaza y evitar que le llegaran a sus rivales del Cártel del Golfo refuerzos de la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa. Los investigadores señalaron que las autoridades municipales fueron, en el mejor de los casos, «figuras decorativas» ante la masacre, a pesar de que Los Zetas tenían a su servicio a los 36 policías que entonces tenía San Fernando. El documento sostiene que el Gobierno estatal de Egidio Torre Cantú se distinguió por la negación y la ineficiencia, pues no sólo resbaló su responsabilidad al afirmar que el crimen organizado era un problema federal, sino que su Procuraduría actuó con poco profesionalismo. Sobre el papel de la CNDH, critica que tardó casi tres años en emitir su recomendación del caso, lo que, afirmó, terminó haciéndola irrelevante para la protección de las víctimas.
En Allende, entre 2011 y 2012, al menos 42 personas -se calcula que la cifra podría llegar a 300- fueron desaparecidas por integrantes de Los Zetas, en venganza por la supuesta traición de dos de sus operadores en esa localidad. Los desaparecidos, que según testimonios habrían sido asesinados y «cocinados», fueron levantados por sicarios y policías locales. Los Zetas también saquearon, vandalizaron e incendiaron propiedades de las víctimas por el hecho de ser familiares o cercanos a los «traidores». «Los agentes se involucraron de diferente manera con los criminales. Algunos se hicieron entusiastas cómplices; otros pusieron distancia sin confrontar ni combatir a los delincuentes», subraya el documento presentado ayer y que contó con la asesoría del poeta Javier Sicilia y el escritor Juan Villoro, entre otros.
En este caso, los funcionarios (municipales) violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar ‘inmediatamente’ los casos de desaparición forzada. El documento sostiene que el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, evadió la responsabilidad de su gobierno al negar o minimizar los hechos; mientras que el Mandatario actual, Rubén Moreira, reconoció la gravedad, pero no ha brindado una solución integral. Respecto al desempeño de las autoridades estatales -el caso no se investiga a nivel federal-, concluye que la Procuraduría ha dado magros resultados y no ha agotado líneas de investigación.
«Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo», resume el documento.
*Con información de La Jornada y Reforma