*En Ciudad Juárez, activistas y familias analizan estrategias y experiencias.
Ciudad de México, 03 de octubre de 2016. Reunidas en Ciudad Juárez en el «Foro Víctimas, Academia, Sociedad Civil y Estado ante la desaparición forzada», organizaciones y activistas consideraron que México está lleno de Ayotzinapas, que Ciudad Juárez ha sido testigo primigenio de las desapariciones y feminicidios y que hay ahora una mayor diversidad de perpetradores de estos crímenes, desde el Instituto Nacional de Migración hasta los policías municipales, pasando por las fuerzas armadas.
Las y los asistentes coincidieron en caracterizar al Estado como cruel e indiferente, con acciones que afirman constantemente que no le importan las víctimas, investigar ni cambiar el dolor que se vive en el país por las miles de personas desaparecidas.
Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, informó que el proyecto para la identificación de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua ha ayudado a las organizaciones a ver problemas estructurales tanto en el tema de la búsqueda como en el de la desaparición.
Ante historias como las ocurridas en Pima, Arizona; Cuauhtémoc, Chihuahua; San Fernando, Tamaulipas, e Iguala, Guerrero, las participantes se preguntaron ¿por qué no existe la mínima sensibilidad de las autoridades para investigar? ¿por qué se apilan los cuerpos como si fueran simples objetos desechables? ¿hasta cuándo prevalecerá el descuido institucional con los familiares que se afanan en encontrar a sus desaparecidos?
El psicólogo Carlos Beristain, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), alertó sobre las historias construidas que pretenden llevar a la inmovilidad manipulando las investigaciones por encima de los criterios científicos. Varios de los expositores insistieron en romper el pacto de silencio que anula los esfuerzos por acceder a la verdad y llamaron a identificar las inconsistencias que muestran malas prácticas.
En el foro se consideró que la búsqueda en fosas y búsqueda en vida resultan muy valiosas como acceso a la justicia, verdad y reparación, pero llamaron a no normalizar esos descubrimientos.
Las organizaciones y activistas coincidieron en exigir, para la nueva legislación, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que debe señalar un Plan Nacional de búsqueda efectivo; la creación de un Instituto Nacional Forense, independiente, con un manejo profesional del banco de datos, que no esté supeditado a una de las partes, ni que el hallazgo científico esté al servicio de intereses políticos; que se incorpore la declaración de ausencia y así otorgue certidumbre jurídica a las familias; la creación de instancia de coordinación intensa y efectiva con las procuradurías estatales que alcance la vinculación que no existe ahora; que se delimiten las responsabilidades mediatas e inmediatas de la cadena de mando por acción e inacción, y que todo esto se apruebe antes del 15 de noviembre para que forme parte del presupuesto de egresos de la federación para 2017, pues de lo contrario seguirá sin recursos y sin posibilidades para la implementación.