*Remite CIDH el expediente al detectar que el Estado no ha avanzado sustantivamente en el cumplimiento de las recomendaciones.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco, al detectar que el Estado no avanzó sustantivamente en el cumplimiento de las recomendaciones que emitió en el informe de fondo sobre el caso sobre las comprobadas violaciones a derechos humanos en su contra.
«Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto. En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe. Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.
«En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen. La Comisión también toma en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas», explicó la CIDH.
En su análisis del caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, la CIDH estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos, y que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica. También acreditó la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas, cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención. La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, además de que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.
En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico; recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad; pidió disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe, y llamó a adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso.
Tras evaluar que no hubo un avance sustantivo en el grado de cumplimiento del Estado, la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 «por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas».
«Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento», finalizó la Comisión.
Las mujeres denunciantes han buscado que su caso siente un precedente para avanzar hacia un país libre de tortura. En particular, a través de la campaña nacional que fundaron en 2014, las mujeres se han solidarizado con otras sobrevivientes para Romper el Silencio contra el uso de la tortura sexual.