*Los 67 mil 800 millones que anunció con bombo y platillo el presidente para la reconstrucción del Nuevo Guerrero se quedaron en los bolsillos de las empresas constructoras y entre los funcionarios que se encargaron de licitar las obras.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 19 de septiembre de 2016. A tres años del paso de las tormentas Ingrid y Manuel, la misma discriminación estructural que padecen los pueblos indígenas de Guerrero desde hace siglos, invisibilizó los desastres del fenómeno natural y reforzó el trato cruento e indolente de las autoridades federales y estatales.
Un ejemplo claro es la forma turbia y perversa con la que actuó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que en 2014 tuvo un monto autorizado por 2 mil 474.0 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, de los cuales reportó un avance financiero del 70.2%, mientras que para el año de 2015 tuvo autorizado un monto por 2, 804.0 millones de pesos acumulados, de los cuales ha reportado un avance financiero un 72.9%.
Sin embargo, a más de treinta meses de los eventos, la respuesta de su titular ha sido deficiente, marcada por la corrupción, su despotismo y negligencia. No hay región en el estado que no existan protestas de las familias damnificadas por la pésima construcción de sus viviendas o porque no han concluido los trabajos.
En los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, la construcción de viviendas se quedó trunca. Hasta la fecha el actual delegado de la SEDATU ha nadado de a muertito para no meterse en honduras apostándole que las mismas familias damnificadas reconstruyan sus casas y se resignen a vivir en condiciones infrahumanas.
A pesar de que hubo serias afectaciones a las condiciones de las escuelas de nivel básico, las comunidades tuvieron un largo proceso de espera para la reconstrucción de las mismas. De las 121 comunidades que presentaron información al CCDM, 85 autoridades comunitarias denunciaron daños en infraestructura escolar. De las pocas comunidades que contaban con casas de salud, 20 reportaron daños en la construcción. Un caso particular es la cabecera municipal de Tlacoapa, cuyo hospital se encontraba ubicado en un lugar de alto riesgo. Las autoridades de salud decidieron acondicionar la Comisaria de Bienes Comunales para atender a los pacientes que provienen de 20 comunidades. Hasta la fecha los habitantes de Tlacoapa siguen esperando que se concluya la obra.
La evidencia del desborde de ríos, arroyos y sistemas de cuencas de la región generó un impacto con pérdidas totales para las comunidades que contaban con algún tipo de sistema de red de agua implementado por el gobierno o en su mayoría construido comunitariamente. La destrucción de caminos y puentes truncó la comunicación entre los pueblos. Para resolver de manera inmediata este aislamiento la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) propuso construir puentes colgantes. Todo quedó en promesas porque pasaron los meses y fueron las mismas comunidades las que se tuvieron que armar sus puentes colgantes para que sus hijos pudieran cruzar los ríos.
La grave crisis alimentaria que enfrentaron las comunidades en medio de la contingencia y después debido a la falta de respuesta adecuada por parte del Estado ha impactado a las comunidades de la Montaña significativamente. Entre los datos que levantó el consejo, 48 comunidades registraron daños en sus parcelas de maíz, así como de plantas frutales de duraznos, peras, manzana y ciruela. En cuanto a las comunidades que se dedican a la producción del café más del 90% de cafetales fueron dañados y registrados como pérdidas totales.
Discriminar, ignorar y olvidar es la actitud que han asumido las autoridades encargadas de velar por los derechos de la población damnificada. Los 67 mil 800 millones que anunció con bombo y platillo el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de abril de 2014, para la reconstrucción del Nuevo Guerrero, se quedaron en los bolsillos de las empresas constructoras y entre los funcionarios que se encargaron de licitar las obras. Lucrar con la tragedia de los olvidados es lo que ha marcado el derrotero de las dependencias federales que han hecho del combate a la pobreza el negocio más próspero para promover candidaturas y asegurar clientelas políticas que se encuentran sumidas en el olvido. Discriminar a los pueblos indígenas tiene altos dividendos para los políticos corruptos, que no rinden cuentas claras al pueblo y que ocultan la verdad de sus atrocidades.
*Artículo de opinión de Tlachinollan en El Sur. Para leer la versión completa, da click aquí.