Guerrero de raíces profundas

* Destacan que el territorio y la autonomía de los ch’oles están plenamente respaldados agrariamente y por sus derechos ancestrales. 

Xochistlahuaca
Xochistlahuaca

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 08 de agosto de 2016. El señorío de Tlapa-Tlachinollan fue una unidad política rica y poderosa, estratégicamente localizada sobre la ruta principal de intercambio de productos entre la costa del pacífico y el centro de México. El Tlatoani (Gobernante) de este señorío, llamado Lluvia, resultó ser un intermediario vital en el rico comercio de cacao, hule sal, conchas y pescado seco, entre ambas regiones. La Montaña de Tlachinollan era rica en oro de vega y arenas duras necesarias para pulir rocas y gemas consideradas valiosas por los lapidarios mesoamericanos. Desde 1447 los mexicas intentaron sin éxito conquistar este señorío. No tuvieron otra alternativa que negociar con el señor Lluvia.

Esta mirada larga de la Montaña nos permite adentrarnos al mundo de nuestras raíces que no solo desconocemos, sino que muchos guerrerenses lo niegan y lo desprecian. La clase política está muy lejos de conocer el pasado que le da sustento a lo que ahora es Guerrero. Se atreven a gobernar sin respetar las culturas y los territorios que nos dan identidad, donde se encuentra el núcleo de nuestro patrimonio tangible e intangible. Con la obsesión enfermiza de querer hacer negocio con cualquier empresa extranjera, sobre todo con las mineras y de turismo mundial, no les interesa saber que en varias regiones del estado donde existen concesiones mineras como en la zona Centro, Norte, Tierra Caliente y Montaña existen más de un centenar de concesiones mineras, siendo territorios donde hay asentamientos prehispánicos.

Para los tecnócratas que nada saben de historia y cultura prehispánica nada es más importante que las inversiones. Por eso no pasó nada que hayan destruido sitios arqueológicos en Paso Morelos cuando construyeron la autopista del Sol. Nada dijeron con la destrucción de vestigios arqueológicos que había en el ejido de Carrizalillo, donde han devastado todas sus tierras productoras de mezcal, contaminando el afluente del río balsas.

En el contexto de la guerra contra el narcotráfico el ejército ha destruido adoratorios prehispánicos en Metlatónoc, Cochoapa, el Charco. Hubo casos que en plenos rituales de petición de lluvias detenía a los sabios indígenas por realizar actos de idolatría y porque era gente sospechosa. Su ritualidad en las cuevas y en las cimas de la Montaña, por tratarse de ceremonias clandestinas las consideraban como acciones encubiertas ligadas con la guerrilla. En el Charco, los militares destruyeron un sitio ceremonial que les sirvió como trinchera el día que masacraon a 11 indígenas, entre ellas un estudiante, en la madrugada del 7 de junio de 1998.

El patrimonio arqueológico y natural de los pueblos indígenas de Guerrero sistemáticamente ha sido destruido por saqueos, despojos, guerras, políticas etnocidas, programas individualista, campañas de esterilización forzada, divisiones comunitarias por los partidos políticos, megaproyectos como la presa hidroeléctrica que han querido imponer en los bienes comunales de Cacahuatepec. Proyectos mineros, narcotráfico y ahora con las zonas económicas especiales que quieren emprender el gobernador Héctor Astudillo con el gobierno de China en la región de Zihuatanejo y la Unión.

Este modelo económico extractivista no sólo esta devastando el territorio sagrado de los pueblos originarios de Guerrero sino que está minado por la violencia que han impuesto los grupos de la delincuencia organizada. Ahora varios lugares donde hay vestigios arqueológicos o son zonas estratégicas para la preservación de nuestro habitar, están controladas por los cárteles de la droga. Persiste una disputa a muerte para ocupar cuevas, barrancas o cerros vigías para atrincherarse y enfrentar a los adversarios.

No solo hay una destrucción de nuestro patrimonio, también hay acciones gubernamentales que reproducen el racismo y la discriminación entre los pueblos indígenas. La misma asignación del presupuesto público está vetada a las comunidades indígenas. Ellas no pueden manejar directamente los fondos municipales, porque le dan preeminencia a las empresas constructoras, que son las beneficiarias de la obra pública. Se imponen paquetes tecnológicos para el campo con la finalidad de hacer dependientes de las trasnacionales como mosanto, para acabar con los saberes milenarios sobre la agricultura orgánica. Se imponen obras que no son las más prioritarias para las familias como canchas techadas y calles encementadas, para que los políticos hagan negocio redondo al crear sus bodegas que se dedican a vender material de construcción. No impulsan la producción de alimentos entre los pequeños productores para garantizar la autosuficiencia alimentaria y abatir la desnutrición infantil. Los pueblos siguen siendo vistos como objetos de conmiseración y no como sujetos de derecho público capaces de construir su futuro, así como forjaron hace siglos una gran civilización basada en la comunitariedad y en los valores del respeto, la igualdad, la equidad, la solidaridad y el cuidado por la madre tierra que también tiene derechos. Estas raíces profundas de Guerrero es lo que ha permitido que los pueblos resistan y luchen por un cambio centrado en los derechos de los pueblos, en la justicia distributiva, en la democracia donde el pueblo manda y en el combate a fondo de la corrupción y la impunidad.

Sobre todo para que dejemos de tratar a los pueblos indígenas como inferiores y atrasados, por el solo hecho de portar otra cultura, hablar otro idioma, tener una cosmovisión diferente a la occidental, poseer la tierra de forma comunal y ejercer un gobierno forjado en los acuerdos de asamblea.

*Extracto de un artículo de Tlachinollan. Para leerlo completo, da click aquí.