* Advierten de estigmatización y discursos populistas contra las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Ciudad de México, 08 de agosto de 2016. En una carta abierta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, defensoras y defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por las iniciativas de modificación a la Ley General de Víctimas, que plantean una inminente regresión de la obligación del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones e individuos señalaron que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas opera con discrecionalidad, improvisación y burocratización de los procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales, especialmente a partir del nombramiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la emisión del Reglamento, «cuestión que no cumplió con los principios garantistas establecidos en la Ley General de Víctimas. Esto ha impedido que la misma funcione como un verdadero instrumento que garantice, promueva, proteja y respete los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral», lamentaron.
Sin embargo, los firmantes de la carta acusaron que la búsqueda de modificaciones a la Ley General se da en un contexto de declaraciones infundadas de que los derechos de las víctimas del delito se contraponen a los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, «pretendiendo hacer creer que las deficiencias en la atención y reparación a víctimas del delito se deben al reconocimiento de los mismos derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos». Esto, indican, polariza a la opinión pública y a la ciudadanía en general que padece la violencia e inseguridad, además de que fomenta la comisión de abusos como la tortura o las violaciones a las garantías judiciales, generando nuevas víctimas al mismo tiempo que socavan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de delito.
Las organizaciones señalaron que es el Estado el que debe corregir las fallas de las instituciones de atención a víctimas y en las prácticas de investigación penal para cumplir sus obligaciones de justicia y reparación hacia todas las víctimas. Particularmente, expresaron, es el respeto al debido proceso la única manera de llevar a cabo juicios justos y confiables, así como la prohibición expresa de la tortura. «Estos ejes de cualquier Estado democrático no pueden, bajo motivo alguno, supeditarse a discursos beligerantes o populistas», remarcaron.
Las y los defensores expusieron su rotundo rechazo ante cualquier iniciativa de reforma o abrogación de la Ley General de Víctimas vigente que vaya en perjuicio de los principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas, incluyendo víctimas de violaciones a derechos humanos, así como todo intento de excluir del Sistema de Atención a Víctimas a éstas.
«Le hacemos un atento llamado a que la discusión en torno a la reforma de la Ley General de Víctimas mantenga como pilar el derecho de todas las víctimas a acceder a la justicia a través de un procedimiento equitativo, efectivo y claro, actuando siempre bajo el principio de la no revictimización y de la debida diligencia», manifestaron las organizaciones. «Nos encontramos frente a la oportunidad de revisar y modificar en la Ley los esquemas burocráticos – incluidas las disposiciones reglamentarias de la Ley – que han impedido que se atiendan realmente las necesidades de las víctimas y que se garanticen, tanto sus derechos a la justicia, verdad y reparación integral, como el establecimiento de medidas de no repetición. Por ello, le solicitamos que a la brevedad, instruya a quien corresponda convocar, a un proceso transparente, participativo e incluyente para discutir la reforma a la Ley General de Víctimas».