*Llaman ONG a que se inicie proceso de inejecución de sentencia y se sancione a las autoridades responsables.
Ciudad de México, 02 de agosto de 2016. Representantes de las comunidades y organizaciones mayas de Campeche involucradas en la consulta sobre la siembra de soya transgénica presentaron al Juez Segundo de Distrito en el estado un oficio consignando las irregularidades que se han dado en el proceso iniciado a partir de de la sentencia que amparó a diversas comunidades mayas contra el permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya transgénica en la entidad.
Los representantes consideraron que el Juez, al ser el encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia derivada de los juicios de amparo 753/2012 y 762/2012, así como de las resoluciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene que establecer las medidas necesarias para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la consulta, vigilar que ésta se efectúe adecuadamente y en su caso establecer las medidas y sanciones legales pertinentes.
En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
Frente a la solicitud de las organizaciones, «el Juez tiene la obligación inmediata de iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, requerir información a las autoridades encargadas de realizar la consulta, entre otras las distintas videograbaciones que han sido tomadas por los representantes de CIBIOGEM, y en su caso, establecer las sanciones correspondientes para las autoridades responsables encargadas tanto de verificar que no se siembre la soya transgénica, como de efectuar el proceso de consulta en los términos señalados por la Corte», indicaron Indignación, Colectivo Apícola de Los Chenes y Ma OGM.
Las organizaciones detallaron las irregularidades en el proceso de consulta, como la falta de garantías de seguridad durante las sesiones de los días 30 de junio y 1 de julio en Hopelchén y Tenabo, en las que se permitió la entrada a la sesión de más de 100 agricultores no indígenas favorables a la siembra de soya genéticamente modificada. También se destacó la falta de imparcialidad de las autoridades encargadas de realizar la consulta, de manera específica la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), quien habría proporcionado información incompleta y sesgada sobre los beneficios de la siembra de soya transgénica; la ilegalidad del proceso efectuado en la comunidad de Vicente Guerrero (Iturbide), en donde la CIBIOGEM ha llevado a cabo reuniones informativas y deliberativas exprés sin la presencia de las autoridades tradicionales ni de la mayoría de la población, y la situación de supuesta siembra de soya transgénica, admitida por diversos agricultores, a pesar de no estar permitida.
La Misión de Observación de la Consulta Indígena Maya señaló, a mediados de julio, que diversas irregularidades durante la consulta a comunidades de la Península de Yucatán sobre la siembra o no de soya transgénica violan flagrantemente los principios de la consulta señalados en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).