*El Congreso de Chihuahua está posponiendo la puesta en marcha del fideicomiso que administrará 65 millones de pesos; hace dos semanas aprobó endeudamiento del estado por 6 mil millones de pesos.
Ciudad de México, 28 de julio de 2016. La organización de derechos humanos Consultoría Técnica Comunitaria denunció que la posposición del pago de la indemnización a la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique muestra que los políticos de Chihuahua no han querido aceptar el pago del costo social y ambiental que causó la obra del aeropuerto de Creel, programada bajo un esquema de desarrollo excluyente, «como lo demostraron durante todo el proceso judicial, pichicateando a cada paso».
El Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en Creel fue objeto de una demanda de amparo cuya sentencia del 27 de noviembre del 2014, emitida por el juez 8º de distrito, fue favorable a la comunidad rarámuri. El 13 de abril de 2016, la comunidad clausuró la obra por considerar una simulación la actuación del Gobierno del estado y solicitó el pago total por indemnización de daños causados por la construcción. Después de 13 días de plantón, se firmó el 26 de abril un convenio entre el Ejecutivo del estado y los representantes de la comunidad.
La base del convenio fue el pago de 65 millones de pesos en 7.5 pagos anuales de 8.667 millones, lo cual implica que el adeudo se terminará de pagar hasta el año 2022. El primer pago se realizaría a la constitución del fideicomiso público, a través del cual se administrarán los recursos, destinados a proyectos definidos por la comunidad. El juez dio un plazo de 45 días a partir de la firma del convenio para la constitución del Fideicomiso público, una vez que el Congreso aprobara de conformidad con las partes el decreto, pero la aprobación en el Legislativo se pospuso 20 días hábiles más, mismos que se vencen el 17 de agosto.
Para la organización acompañante de la comunidad, el caso revela falta de voluntad política para cumplir con una sentencia que pudo incluso haber abonado a la imagen del gobierno estatal. «Esperamos que el Congreso del Estado acuerde la formación del fideicomiso público en los términos planteados por la comunidad rarámuri, una vez que ella fue la que ganó el juicio de amparo y el Ejecutivo del estado está obligado a cumplir», finalizó.