*La posición de Argentina contra crímenes de lesa humanidad debe permear la relación bilateral, señalan defensoras.
Ciudad de México, 27 de julio de 2016. Prestigiadas asociaciones civiles argentinas pidieron ayer al presidente Mauricio Macri «un posicionamiento firme» contra las violaciones a los derechos humanos en México y una exigencia de que este país cumpla sus obligaciones internacionales en la materia, a tres días de que comience la segunda visita de Enrique Peña Nieto al país sudamericano.
El reconocido trabajo de Argentina para enfrentar crímenes de lesa humanidad durante su última dictadura «debe permear su política exterior y en consecuencia, sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad», llamaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Las organizaciones resaltaron que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México, y expusieron el descubrimiento de fosas clandestinas, muertes, desapariciones, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado en un contexto de impunidad.
«En México, las víctimas y sus familiares merecen verdad y justicia. Al mismo tiempo, para prevenir más violaciones es necesaria una revisión profunda de la militarización de la respuesta estatal frente a la fallida ‘guerra contra las drogas'», consideraron en la carta abierta.
Las y los defensores de derechos humanos indicaron que es imperioso que el gobierno de México emprenda las reformas estructurales necesarias, incluyendo el establecimiento de una Ley General contra la Desaparición Forzada que refleje la voz de las familias de las víctimas para enfrentar la problemática de las desapariciones, así como que, acepte tal como fue propuesto por la CIDH, el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI en relación al caso de Ayotzinapa.