*El caso podría sentar una precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera el ministerio público cuando incurre en actividades irregulares, señalan Amnistía Internacional y el Centro Prodh.
Ciudad de México, 27 de julio de 2016. Después de casi una década de que la hñähñú Teresa González Cornelio fuera condenada a prisión por un delito que no cometió y más de seis años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declarase inocente, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) resolvió, sin posibilidad de apelaciones, que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño causado y difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa, informaron Amnistía Internacional y el Centro Prodh.
Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, acusada junto con Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en marzo de 2006, quienes supuestamente realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.
Amnistía Internacional nombró a Teresa González presa de conciencia en febrero de 2010, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que a Teresa se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia. Teresa fue liberada en 2010 tras la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atraer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la queretana con el acompañamiento legal del Centro Prodh. No obstante, la PGR se negó a reconocer su inocencia.
El caso de Teresa González es el segundo acompañado por el Centro Prodh donde el TFJFyA ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR. En mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenó otorgar la reparación del daño a Jacinta Francisco Marcial, acusada en el mismo episodio. Esta sentencia ya fue notificada a la PGR, por lo que el plazo de 4 meses para que sea cumplida está en curso.
Con esta resolución, ya sólo queda pendiente el caso de Alberta Alcántara debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño; el caso se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Ambas organizaciones expusieron que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa continúan siendo emblemáticos especialmente en el tema de reparación, pues se puede ganar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera el ministerio público cuando incurre en actividades irregulares.
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