*El pronunciamiento, ante el desalojo violento del plantón de profesores. El sábado un grupo de pobladores privó de la vida al alcalde de San Juan Chamula.
Ciudad de México, 25 de julio de 2016. Decenas de organizaciones sociales rechazaron los actos de represión y violencia ejecutados el 21 de julio contra el Movimiento Popular y Magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el plantón que mantenían en la autopista San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y exigieron el desmantelamiento del grupo de choque involucrado en las actividades violentas.
Las organizaciones denunciaron que militares, funcionarios de gobierno y policías municipales, estatales y federales, en clara colaboración con unas 300 personas civiles – en su mayoría hombres jóvenes que se cubrían el rostro con paliacates y capuchas, armados con palos, piedras, cohetes, machetes, botellas y armas de fuego – irrumpieron en la protesta para desalojar violentamente a maestros, maestras, madres y padres de familia, niñas, niños, y sociedad civil solidaria que ahí se encontraban, lo que trajo como resultado dos personas heridas con impacto de bala, decenas de personas lesionadas – atropelladas y golpeadas – y decenas de afectados por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos.
Aunque el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, se deslindó públicamente de los hechos violentos y se argumentó que los cuerpos de seguridad intervinieron para evitar confrontaciones, «como se puede apreciar en fotografías y comunicaciones vertidas en los medios libres, los grupos de choque estuvieron en todo momento escoltados por la policía municipal y seguridad pública del Estado», precisaron en un comunicado público.
El diario La Jornada consignó que la agresión fue perpetrada por varias decenas de personas oficialistas de San Juan Chamula y más de cien de indígenas radicados en San Cristóbal, señalados por algunos maestros como parte de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que encabeza Narciso Ruiz Sántiz y que en días anteriores ya había amagado con atacar el bloqueo. Estos grupos se identifican con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que gobierna ambos municipios.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su más reciente comunicado derivado del desalojo, acusó que detrás de esa acción estaban autoridades estatales que pagaron a quienes cometieron el hecho, presuntamente pobladores chamulas. Añadió: “Y un consejo no pedido: no jueguen con lumbre en San Juan Chamula, el descontento y la división que, dentro de ese pueblo, están fomentando ustedes con sus tonterías, puede provocar un conflicto interno cuyo terror y destrucción no se podrán tapar». El sábado, una reunión de cabildo en San Juan Chamula donde se expusieron diferencias políticas y las derivadas por el uso y destino de los recursos públicos del ayuntamiento derivó en el homicidio del alcalde de ese lugar, Domingo López González, entre otras personas. Pobladores de las distintas comunidades de la zona exigían al alcalde la entrega de unos 100 millones de pesos destinados a obras y proyectos para artesanas del lugar.
*Con información de Chiapas Paralelo y La Jornada.