*Organizaciones insisten en que México incumple; el año pasado le fueron retirados fondos de la Iniciativa Mérida en castigo.
Ciudad de México, 22 de julio de 2016. En el marco de la reunión que sostendrán hoy los presidentes Barack Obama y Enrique Peña, organizaciones de derechos humanos llamaron al gobierno de Estados Unidos a que no certifique a México en cumplimiento de derechos humanos, al igual que el año anterior, cuando por primera vez se le retiraron fondos en materia de seguridad por este motivo.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) destacó que la reunión de los mandatarios tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia en seguridad que condiciona el 15 por ciento de ciertos fondos a que el Departamento de Estado informe al Congreso estadunidense que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad.
De acuerdo con un memorándum preparado por WOLA en conjunto con seis organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados.
«El gobierno mexicano tiene que mostrar auténtica voluntad política y la capacidad para investigar los abusos y lograr resultados creíbles», sostuvo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA. «Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel». La organización destacó que si bien México ha aprobado muchas leyes y protocolos, a menudo no se aplican en la práctica y las autoridades no han demostrado la voluntad de cambiar prácticas arraigadas, ni de hacer que los perpetradores de delitos rindan cuentas.
Las organizaciones de derechos humanos sostuvieron que el gobierno mexicano falla en los cuatros puntos que evalúa el Departamento de Estado. En cuanto al primero, si el Gobierno de México está investigando y persiguiendo violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles, las y los defensores acusaron que el gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones; que a pesar de la existencia de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas. Además, resaltaron que no han habido condenas en casos emblemáticos, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya. En ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas y manipulado pruebas. Agregaron que en los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron.
En cuanto a si el Gobierno de México hace cumplir las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante tortura, el memorandum destaca que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014 pero que las investigaciones creíbles y condenas por esta práctica no han incrementado. «A pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenados por este delito. En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, casi el 80 por ciento de los sospechosos tenía signos de tortura o malos tratos», detallaron las organizaciones.
El punto tres es si el Ejército y la policía mexicana transfieren a los detenidos rápidamente a la custodia de las autoridades judiciales civiles y cooperan con las mismas autoridades en estos casos. A este respecto, las organizaciones puntualizaron que a pesar de existir en papel, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas, y que el gobierno mexicano ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas en tiempo real.
El requisito cuatro evalúa si el Gobierno de México busca de manera efectiva a las víctimas de desapariciones forzadas, e investiga y enjuicia a los responsables de tales crímenes. Las y los defensores de derechos humanos consignaron que desde 2007, México ha registrado 28 189 desapariciones, y más del 54 por ciento de los casos registrados ocurrieron durante el gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas, y destacaron que no hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades.