*Denuncian campaña de criminalización contra comunidades opositoras.
Ciudad de México, 13 de julio del 2016. El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, concedida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, a favor del pueblo tutunaku.
El “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1” pertenece a la empresa Deselec 1-Comexhidro y pretende imponerse en los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte, y tiene por finalidad generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
Las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec interpusieron el pasado 04 de abril una demanda de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico, que fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla. El juez mandató la suspensión inmediata de la ejecución del proyecto en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo. La suspensión fue impugnada por la empresa, pero perdió y quedó firme la obligación de cumplirla.
«Las comunidades reprochamos al Estado Mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo así la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales. Ejemplo de ello es la concesión que CONAGUA otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del Río Ajajalpan en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo; ¿dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo 4 constitucional?. O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?», reclamaron las comunidades en un comunicado.
Los opositores al proyecto explicaron que viven amenazas, fabricación de delitos, división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía.
Las comunidades acusaron la existencia de una campaña mediática para acusar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, debido a la presentación de amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz, tal y como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y Director Comercial de Comexhidro.
«Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho. En realidad, a quienes debería señalarse es al conjunto de políticas y reformas legales como la energética, que han entregado nuestros territorios y recursos a las a las empresas privadas», contestaron.