*La propuesta de la organización ambientalista contempla aspectos ambientales, sociales y económicos .
Ciudad de México, 07 de julio del 2016. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó el estudio Valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos vinculados con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA): Caso de estudio 1) Cabo Dorado 2) La Parota y 3) Eólica del Sur, que analiza la relevancia de cuantificar los impactos que los megaproyectos tienen sobre las comunidades donde se asientan.
El estudio, elaborado por Daniel Revollo Fernández, doctor en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la UNAM, también busca que esta información se incluya en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y permita brindar mayor certidumbre jurídica a todos los actores involucrados; esto es, el gobierno responsable de brindar las autorizaciones, los inversionistas interesados en desarrollar el proyecto y la comunidad que habita en la zona.
Revollo señaló que la implementación de cualquier tipo de proyecto en determinada área del territorio nacional, ya sea energético, turístico, de extracción minera o de infraestructura –entre muchos otros- genera tanto beneficios y costos privados, como beneficios y costos ambientales y sociales que deben ser considerados en el análisis de los proyectos.
Raúl Rolón, miembro de la organización social Causa Natura, destacó que ya existen metodologías que se aplican en otras partes del mundo, las cuales permiten cuantificar de forma muy precisa los servicios ambientales que prestan recursos naturales tales como los manglares, las dunas, los arrecifes y, en general, todos aquellos elementos de los ecosistemas que permiten que éstos se mantenga y no rebasen su capacidad de carga. «En este sentido, se requiere avanzar para incorporar estas valoraciones dentro de la legislación nacional y permitir no sólo compensar, sino prevenir y mitigar al máximo los impactos de los proyectos sobre el medio ambiente», precisó.
Por su parte, Roberto de la Maza, abogado fundador de Visto Bueno, indicó que es urgente modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), contenido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), pues como se encuentra actualmente no genera certeza jurídica para los actores; da más peso a la compensación que a la prevención y mitigación, además de que, en muchos casos, al ser un requisito que se basa en la buena fe del promovente, se convierte en un mero trámite a cumplir, que no va al detalle de cómo el desarrollador se asegurará de ocasionar el menor impacto posible en la región. Agregó que en el PEIA se deben incorporar otros elementos, como son los impactos sociales, pues los proyectos acaban siendo detenidos por las comunidades que se ven afectadas y violentadas en sus derechos humanos.