Académicos advierten que Ley de Movilidad de la Ciudad de México potencia el uso arbitrario de la fuerza

*Dirigen carta a la Suprema Corte; señalan que la legislación inhibe el ejercicio de derechos y abre margen a la discrecionalidad de las autoridades. 

Imagen de Nelly Salas
Imagen de Nelly Salas

Ciudad de México, 06 de julio del 2016. Una decena de destacados académicos dirigieron una carta abierta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el contexto de la próxima discusión sobre la Ley de Movilidad del Distrito Federal para pedirle que garantice los derechos a la libertad de expresión y reunión, «que resultan vitales en toda sociedad plural y democrática como herramientas de participación y control ciudadano».

Morna Macleod Howland, María Teresa Sierra Camacho, Héctor Díaz Polanco, Aleida Hernández Cervantes, Rodrigo Gutiérrez Rivas, Luis Daniel Vázquez Valencia, Sandra Liliana Serrano García, Francisco López Bárcenas, José Luis Caballero Ochoa, Iván García Garate y John M. Ackerman señalaron que la ley genera un efecto inhibidor en el ejercicio de derechos al abrir un amplio margen de discrecionalidad para el uso de la fuerza por parte de los elementos policiacos en contextos de manifestaciones públicas, lo que potencia el uso arbitrario de la misma. «Además, la legislación restringe desproporcionadamente el derecho de manifestación por la imposición de un aviso previo y por escrito con antelación de 48 horas, y de la restricción absoluta para utilizar las vías primarias», abundaron.

Los académicos advirtieron un riesgo de que las libertades democráticas puedan verse afectadas por actuaciones de los poderes públicos que limiten el ejercicio de derechos o habiliten mecanismos de uso de la fuerza «en una realidad nacional en la que la movilización social y la tutela de derechos por mecanismos no institucionales ha aumentado significativamente, generando respuestas antidemocráticas o incluso autoritarias. Por ello, el control de los poderes mediante el sistema de contrapesos es fundamental para garantizar la vigencia de la normalidad democrática».

En la carta se resalta la función jurisdiccional de la Corte como superlativa frente a la crisis de derechos humanos que afecta al país y para evitar la desviación del poder público, por lo que considera que el Máximo Tribunal tiene una oportunidad de garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión»que resultan vitales en toda sociedad plural y democrática como herramientas de participación y control ciudadano sobre la función y desempeño de los gobiernos, estableciendo los equilibrios necesarios para la vigencia de un Estado de Derecho».

En su momento, los académicos interpusieron los juicios de amparo indirecto 1675/2014 ante el Juzgado  Decimocuarto de Distrito y 1747/2014 ante el Juzgado  Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa, señalando a grandes rasgos que la vigencia de la Ley de Movilidad del Distrito Federal vulneran los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y protesta social. Se prevé que en próximos días la SCJN discuta las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de algunos artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal