*A dos años de la masacre, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias.
Ciudad de México, 29 de junio del 2016. Al cumplirse dos años de masacre de Tlatlaya, Estado de México, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad, y exigieron que el caso se lleve de acuerdo a los más altos estándares internacionales. «El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables», destacaron.
Las organizaciones destacaron que al día de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.
El pasado mes de mayo, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, dando por probados los hechos pero alegando falta de elementos para responsabilizar en lo individual a los soldados, lo que, de acuerdo con las organizaciones, es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal: «Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada», agregaron. Esto sucede a pesar de que la PGR ha anunciado que no habrá impunidad y de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas en los hechos.
«Ahora que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigimos que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia», insistió el comunicado firmado por Article 19, Tlachinollan, Freedom House, Fundar, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituo Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Serapaz, Cedhem, Cencos, Insyde, Red TdT, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Cadhac, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Idheas y el Centro Prodh.
Las y los defensores también denunciaron los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. «Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz», recordaron.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también ha externado su profunda preocupación por el hecho de que a dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad. En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Christof Heyns, indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.
Ciudad de México, 29 de junio del 2016. Al cumplirse dos años de masacre de Tlatlaya, Estado de México, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad, y exigieron que el caso se lleve de acuerdo a los más altos estándares internacionales. «El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables», destacaron.