*Señalan la centralidad de excluir las pruebas obtenidas bajo tortura para poder frenar la fabricación de culpables.
Ciudad de México, 27 de junio del 2016. Cerca de una treintena de organizaciones que han aportado insumos técnicos para la elaboración de la ley general antitortura llamaron al Estado a garantizar los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas, y reprobaron la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.
En un pronunciamiento emitido en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones remarcaron que las víctimas de tortura, como toda víctima del delito y de violaciones a derechos humanos, tienen derecho a la justicia y a la reparación del daño. «No menos urgente es garantizar la no repetición de este crimen en el contexto de la justicia penal, de privación de la libertad, de represión de la protesta social y en cualquier otro. La Ley General pendiente en la Cámara de Diputados debe reflejar esta obligación en cada uno de sus artículos, en congruencia con su objeto de combatir y erradicar la tortura», afirmaron.
Diversos expertos y expertas, incluyendo en días pasados al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han resaltado la centralidad de la obligación de eliminar el uso en procesos penales de pruebas producidas mediante tortura, pues sólo así el Estado brindará justicia mediante investigaciones reales, evitando la fabricación de culpables. Esta condición indispensable ha sido señalada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Relator Especial sobre Tortura de la ONU y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«En este sentido, cualquier propuesta de permitir la admisibilidad de pruebas obtenidas mediante tales violaciones, o de limitar la regla de exclusión solamente a cierto tipo de prueba, demuestra un desconocimiento del derecho nacional e internacional aplicable. Más grave, es que tales propuestas fomentarían la repetición en el nuevo sistema penal de los mismos vicios que siempre han generado arbitrariedad, errores e injusticias en el sistema tradicional», analizaron las organizaciones.
Las organizaciones señalaron que la liberación de sobrevivientes de tortura -ampliamente mediatizada aunque no represente la mayoría de casos, precisaron- procede porque al excluir las pruebas ilícitas y no confiables, resulta que no hay pruebas para acusar o condenar a una persona por la ausencia de pruebas sólidas y confiables ofrecidas por el Ministerio Público.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Ciudad de México, 27 de junio del 2016. Cerca de una treintena de organizaciones que han aportado insumos técnicos para la elaboración de la ley general antitortura llamaron al Estado a garantizar los derechos de las víctimas y el funcionamiento del nuevo sistema penal eliminando el uso de la tortura como método para la fabricación de pruebas, y reprobaron la desinformación que todavía existe sobre la tortura y las víctimas de este grave delito.