*En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH destacó la grave situación en centros penales de los estados de la zona norte de México.
Ciudad de México, 24 de junio del 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, Nuevo León, el pasado 1 de junio de 2016, en los que tres internos perdieron la vida y 19 resultaron heridos. La Comisión instó al Estado a continuar con la investigación iniciada con la debida diligencia hasta determinar las circunstancias de los hechos, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.
La Comisión Interamericana advirtió que esta situación se presentó a menos de cuatro meses de los hechos de violencia que causaron la muerte de 49 personas privadas de la libertad en el mismo penal el 11 de febrero de 2016. «La CIDH expresa su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad», señaló el organismo.
En su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH destacó la grave situación en centros penales de los estados de la zona norte del país como Nuevo León, caracterizada por la fuerte presencia de delincuencia organizada que ha llevado a complejas situaciones en las que los propios internos ejercen control absoluto de seguridad, sin fiscalización por parte de las autoridades correspondientes. «Al respecto, la CIDH subraya que los Estados como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos; entre ellas, asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y drogas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles», recordó.
La CIDH recordó que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia, no sólo orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables. La Procuraduría estatal habría ejercido acciones penales contra once internos supuestamente implicados en la disputa y 49 internos fueron trasladados a otros centros penitenciarios federales. El Estado ha informado a la CIDH que existe una investigación en curso, y la Comisión dará seguimiento a la misma, advirtió.