*Organizaciones internacionales lamentan el uso excesivo de la fuerza y llaman a investigar responsabilidades.
Ciudad de México, 21 de junio del 2016. La dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que este miércoles sostendrán una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en un horario por definir. La cita fue pactada por medio de la Comisión Nacional de Mediación (CONAMED), integrada por defensores de derechos humanos.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares para proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del violento desalojo realizado este domingo 19 de junio. Las personas son Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho, y Alejandro “NN”. La cifra de muertos ascendió al menos a nueve.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo que la respuesta de la Policía Federal a las protestas en Nochixtlán muestra una vez más que las fuerzas policiales en México carecen de un marco legal apropiado para el uso de la fuerza. «A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió al inicio de su administración a emitir una ley sobre el uso de la fuerza, y de los señalamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, al día de hoy México sigue sin contar con un marco legal adecuado. Las consecuencias de esta omisión son graves, aparte de una fuerza desmesurada en protestas sociales, el índice de letalidad de la Policía Federal en confrontaciones con grupos de la delincuencia organizada es de 4.8 civiles muertos por cada herido. Un índice superior a 1 se considera un uso excesivo de la fuerza», detalló.
Al señalar su preocupación por los hechos, Amnistía Internacional recordó que las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los responsables por actos de violencia, «pero estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a las normas internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo deben asegurar el ejercicio de los derechos a libertad de expresión y asociación».
La Red TdT exigió respetar la reivindicación de derechos y el ejercicio de la protesta civil y privilegiar el diálogo. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social recordó que la represión en contra de manifestaciones y plantones organizados por el movimiento magisterial o en solidaridad con el mismo ha sido una constante en las últimas semanas, amenazando el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y contextualizó: «En los últimos años hemos asistido a un aumento del uso de la fuerza y la represión por parte de las autoridades federales, estatales y locales, frente a las legítimas demandas de numerosos grupos afectados negativamente por las acciones u omisiones de los poderes públicos».
Mientras tanto, en al menos nueve estados de la República se dieron manifestaciones en solidaridad con el magisterio.