*No cuenta con los permisos para la liberación del organismo genéticamente modificado.
Ciudad de México, 14 de junio de 2016. Las organizaciones Greenpeace e Indignación demandaron la semana anterior a la empresa Monsanto y a quien resulte responsable por la posible siembra de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche, donde la trasnacional ha expresado su intención de comercializar semillas transgénicas para el ciclo agrícola que inicia el próximo 15 de junio, pese a que no cuenta con permiso expreso para hacerlo y existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspende las autorizaciones de siembra en el estado.
Las organizaciones presentaron denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que esta dependencia evite la liberación de soya transgénica por las posibles afectaciones al derecho humano al medio ambiente sano, la bioseguridad y la gestión ambiental; además del desacato que la empresa podría cometer en contravención de las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte que suspendió los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultiven organismos genéticamente modificados en su territorio.
En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
Las organizaciones argumentaron que el marco legal de bioseguridad en México obliga a los interesados en la siembra de transgénicos a solicitar los permisos indicando expresamente los sitios donde desean hacerlo, y Monsanto omitió mencionar explícitamente el municipio de Campeche, por lo que el permiso que recibió para las siembras no contempla esa zona y en consecuencia estaría impedido para liberar soya genéticamente modificada en él.
Indignación y Greenpeace advirtieron en un comunicado que en caso de que Monsanto insista en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en el municipio de Campeche podría alcanzar multas de hasta 2 millones 190 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México. «En el caso de los otros ocho municipios de Campeche, si Monsanto continúa con su intención de sembrar semillas de soya transgénica en la entidad, estará cometiendo desacato de una orden judicial, lo cual es muy grave», agregaron.
Con las denuncias populares, Greenpeace e Indignación exigieron a la Profepa asegurar que no se siembre soya transgénica en Campeche, y reclacaron que no se ha dado cumplimiento a las sentencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También pidieron que se realicen labores de inspección, vigilancia y monitoreo en las comunidades y municipios de Campeche, a efecto de corroborar que no haya siembras de soya transgénica y, en su caso, detenerlas; además de tomar medidas como el aseguramiento inmediato de las semillas genéticamente modificadas que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial en el estado de Campeche, y en caso de detectar cultivos de esta semilla en los municipios Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada y Campeche, decomisar la siembra y destruirla, cumpliendo con las medidas de bioseguridad adecuadas.
En abril, la Misión de Observación para la#ConsultaIndígenaMaya sobre siembra de soya transgénica en Yucatán y Campeche expresó su preocupación por las primeras violaciones a los principios internacionales sobre consulta previa cometidos por instancias federales en los primeros días del proceso.