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En comparecencia ante diputados el titular de la Sedena pide facultades que violan garantías individuales; reconoce que realizan funciones que no les corresponden.
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El Presidente del máximo Tribunal del continente resaltó la importancia de que las personas puedan acudir a tribunales civiles para defender sus derechos.
El día de ayer, después de que el sábado se registró una nueva masacre contra una familia por parte de militares en Tamaulipas, compareció ante miembros de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados el titular de la Sedena Guillermo Galván Galván. Durante el encuentro presentó un plan de acción de entre cinco y 10 años para dar continuidad a la participación del Ejército en la lucha contra el crimen al tiempo que solicitó a los diputados aprobaran una “legislación emergente” que fundamente y otorgue más facultades a las fuerzas armadas en ese contexto. Señaló la urgente necesidad de dicha reforma legal pues, reconoció, actualmente el ejército realiza labores que legalmente no le corresponden e incluso admitió la existencia de violaciones a los derechos humanos y de lo que llamó “víctimas colaterales”.
Entre las facultades solicitadas por el jefe militar se encuentran permitir el allanamiento militar a domicilios por flagrancia o sospecha de la posibilidad de que se cometa un delito; legalizar sus interrogatorios a detenidos, así como su retención hasta por 24 horas, antes de entregarlos a autoridades civile; , recopilar datos personales que incluyen huellas dactilares, así como la posibilidad de intervenir comunicaciones, suspender espectáculos o el tránsito de vehículos. En opinión de algunos diputados “prácticamente nos pidió aprobar un estado de excepción, que para el Congreso es inaceptable”. Según un borrador del proyecto que legalizaría la participación militar en labores policíacas, se pretende que sus intervenciones sean aprobadas en un esquema que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno.
Mientras tanto, en una entrevista exclusiva con Excelsior el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, reiteró la postura del organismo internacional en el sentido de que la protección de los derechos de los ciudadanos “es la función que dentro del Estado corresponde a los jueces”. Si bien reconoció que la participación de militares en materia de seguridad pública “depende de la realidad de cada país”, de la misma forma afirmó que “los países no podemos encerrarnos en nuestras fronteras” ante “un problema que no es local”. Recordemos que la Corte IDH emitió ya una sentencia por el caso Rosendo Radilla, en la que mandata al Estado mexicano a efectuar cambios legales que impidan que soldados que violan derechos humanos de Civiles sean juzgados por tribunales militares. Este mismo año serán conocidos otros tres casos mexicanos en donde están involucrados militares.