*En el caso de la Guardería ABC, las autoridades no sólo no son capaces de procurar justicia, tampoco se ha hecho todo lo necesario para que ninguna familia vuelva a perder a un bebé en estas condiciones.
Ciudad de México, 05 de junio del 2016. El hecho de que este 5 de junio una manifestación multitudinaria haya recorrido Hermosillo, Sonora, para exigir justicia al cumplirse siete años del incendio de la Guardería ABC, menos de un mes después de emitida la sentencia contra funcionarios de nivel medio por homicidio culposo y lesiones, demuestra que el efecto restaurativo que deberían tener estas resoluciones se diluyó con el tiempo transcurrido y la falta de exhaustividad en la investigación.
La resolución del juez Raúl Martínez Martínez en relación al expediente 126/2009, que llega nada menos que siete años tarde y de forma incompleta, se constituye en un retrato de la incapacidad del sistema judicial para cumplir con su trabajo de impartir justicia y buscar la verdad, por decir lo menos.
Es necesario dimensionar que ABC se trata de un caso gravísimo que afectó a decenas de niñas y niños, tanto los que perdieron la vida como los que resultaron heridos. Sin embargo, esta sentencia que debía ser ejemplar no permitió a las familias acercarse a la verdad de lo ocurrido, pues no analiza las condiciones estructurales de inseguridad en la guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no deslinda claramente las responsabilidades de las personas procesadas en la causa penal y no aborda las posibles responsabilidades de otras personas no procesadas.
Además, y en sentido contrario a lo reclamado por las familias desde el inicio de su larga lucha por conseguir justicia, ni todos los dueños de la guardería ni los funcionarios federales de medio y alto nivel que tendrían responsabilidades fueron tocados por la investigación. Dos de los cuatro socios de ABC -Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, y Gildardo Urquidez Serrano-, no se encuentran dentro de los sentenciados pues fueron beneficiados con una resolución absolutoria anticipada. Las familias también han señalado repetidamente a Eduardo Bours, Daniel Karam y Karla Rochín, entre otros funcionarios responsables, pero la Procuraduría General de la Republica (PGR) no presentó consignación ante ninguna autoridad jurisdiccional. Padres y madres han insistido en que estas ausencias son parte de la denegación de justicia integral y favorecen a las y los responsables del homicidio y lesiones de sus hijos e hijas.
Este encubrimiento a los funcionarios de alto nivel con responsabilidades en el caso se ha repetido una y otra vez en más casos emblemáticos de impunidad en violaciones a derechos humanos: Tlatlaya y Ayotzinapa son dos de los botones de muestra más recientes.
Y no sólo parece que las autoridades no son capaces de procurar justicia, tampoco se ha hecho todo lo necesario para que ninguna familia vuelva a perder a un bebé en estas condiciones. Aunque la lucha de las víctimas dio lugar a la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de junio, a cinco años todavía hay siete estados que no han armonizado sus leyes estatales.
La demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presión sobre las leyes que regulan guarderías, las marchas y las vigilias demuestran que, una vez más, las víctimas dan ejemplo ante la impotencia del sistema de justicia.
*Artículo publicado en Animal Político.