*El gobierno de Enrique Peña Nieto aún tiene la oportunidad de dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos pero para ello se deben conjugar dos elementos claves: voluntad política y capacidad institucional.
Ciudad de México, mayo de 2016. México atraviesa por una grave crisis en materia de derechos humanos. Varios son los factores que decantan esta realidad de país en la que se han ido engrosando las filas de miles y miles de víctimas del abuso del poder y de la ausencia de instituciones de Estado que aseguren el acceso a la verdad y a la justicia.
Ayotzinapa fue un parteaguas entre la narrativa oficial que argumentaba frente a la comunidad internacional que México se encontraba en el camino al desarrollo, mediante una economía emergente y una democracia robusta. Ayotzinapa rompió esa narrativa y dio cuenta del México adolorido y de nuestros problemas más profundos.
La desaparición de los 43 normalistas representa el contexto de macrocriminalidad que viven muchas regiones del territorio nacional. Instituciones policiales y políticas trabajando para los intereses del crimen organizado, sólo así se puede explicar un caso tan extremo como Ayotzinapa, autoridades municipales, estatales y federales valiéndose de una plataforma de corrupción política para formar parte del crimen organizado.
Durante el año 2015, a partir de Ayotzinapa, varios mecanismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos dieron cuenta de un diagnóstico realmente preocupante. El Relator sobre la tortura de la ONU, nos dijo que la misma se aplica de manera generalizada entre la detención y la puesta a disposición. Es decir, la tortura sigue siendo uno de los principales mecanismos de investigación en nuestro sistema de justicia.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas también calificó la desaparición como un problema generalizado. Por lo menos en 26 de las 32 entidades federativas existe la desaparición de personas. La cifra oficial de personas desaparecidas en México es de 26,798, siendo Guerrero el estado con más desaparecidos en la administración federal actual.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó México y su conclusión fue contundente. Tenemos una tasa del 98% de impunidad, sólo entre el uno y dos por ciento de los homicidios intencionales llegan a la acción de la justicia. Uno de los peores cánceres para toda sociedad es la impunidad, pues justo el incentivo para la perpetuidad de los delitos y violaciones a los derechos humanos estriba en que no hay consecuencias.
Ayotzinapa resulta ser un condensado de todos estos factores. La que pudo ser la investigación más ejemplar y una oportunidad histórica como país para construir un punto de no retorno se ha convertido en el mayor oprobio en nuestra historia contemporánea.
El gobierno federal pretendió resolver el caso con una “verdad histórica” que a la postre se comprobó no tiene asidero científico para afirmar que los 43 estudiantes llegaron al basurero de Cocula para ser incinerados. La asistencia técnica internacional del Grupo de Expertos de la CIDH (GIEI) fue una prueba que el gobierno reprobó. Los dos informes presentados por el GIEI dan cuenta que el paradero de los estudiantes no está dilucidado, pero que la investigación de Ayotzinapa, refleja los grandes vicios estructurales de la justicia mexicana.
En palabras del GIEI se trata de una investigación plagada de irregularidades que rayan incluso hasta en la ilicitud de pruebas. Los responsables claves del caso han sido torturados, existen indicios claros de la posible siembra de evidencias en materia de balística y recolección de objetos y vestigios relacionados con el caso y existen sobre todo rutas de desaparición de los estudiantes que no han sido indagadas.
En resumidas cuentas el GIEI evidenció que la teoría oficial del caso construida por la PGR no representa la verdad de lo sucedido y que además ha existido una intencionalidad política por reducir el caso Ayotzinapa a un problema sólo municipal, cuando para el GIEI es imprescindible investigar la participación ya sea por acción u omisión de instituciones estatales y federales pues se trató de un operativo coordinado y de grandes dimensiones.
Resulta claro que los familiares de los estudiantes no cesaran en su búsqueda de verdad y que Ayotzinapa ha marcado la presente administración y la historia reciente del país. El gobierno de Enrique Peña Nieto aún tiene la oportunidad de dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos pero para ello se deben conjugar dos elementos claves: voluntad política y capacidad institucional, lo cual hasta ahora no ha existido.
*Artículo de Mario Patrón, director del Centro Prodh, en Brújula Ciudadana.