*Urgen a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre las graves violaciones a derechos humanos del 7 de junio de 2015 en Tlapa, Guerrero.
Ciudad de México, 07 de junio del 2016. Decenas de organizaciones mexicanas de derechos humanos denunciaron la falta de investigación diligente en torno a los hechos que enmarcaron la jornada electoral de junio de 2015 en Guerrero, en la que fue ejecutado arbitrariamente el joven activista Antonio Vivar Díaz y decenas de personas fueron objeto de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.
Las organizaciones recordaron que la conflictividad social en Guerrero no encontró canales de diálogo «y alcanzó un momento cúspide la semana del 4 al 7 de junio del 2015, cuando se suscitaron una serie de hechos violentos entre elementos de las fuerzas policiales y castrenses junto a grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos, que se enfrentaron con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) en la ciudad de Tlapa de Comonfort».
La ejecución de Antonio Vivar Díaz se dio durante la represión a pobladores de la Colonia Tepeyac en Tlapa por parte de elementos de la Policía Federal y del Ejército.
Las organizaciones denunciantes señalaron que la investigación de los hechos, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo la Averiguación Previa PGR/GRO/CHI/I/1046/2015, no ha tenido avances significativos y ha omitido realizar diligencias de especial importancia, además de que no ha integrado la información que la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtuvo sobre la participación de las fuerzas federales.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otras organizaciones, informaron que ya en febrero de 2016 la PGR intentó enviar el expediente al archivo sin informar a la familia de la víctima.
«Todo lo anterior demuestra la endeble actitud de la Procuraduría General de la República ante graves violaciones a derechos humanos y sobre todo ante el esclarecimiento de los hechos del 7 de junio de 2015. Ante esta situación, las organizaciones firmantes urgimos a la Procuraduría General de la República a iniciar una verdadera investigación diligente por todos los hechos relevantes e identificar la responsabilidad de los elementos de las fuerzas federales. En ese mismo contexto, urgimos al Ombusman Nacional a emitir a la brevedad la recomendación respectiva por la queja abierta por los hechos del 7 de junio de 2015, incluyendo todos los hechos relacionados a la ejecución de Antonio Vivar, así como actos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y las detenciones arbitrarias ocurridas», demandaron.