*Acusa Human Rights Watch que el gobierno mexicano quiere aprovechar la crisis para debilitar a la institución.
Ayotzinapa y CIDH
Ciudad de México, 06 de junio del 2016. Los dos cuerpos independientes más grandes del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, el Comité de coordinación de Procedimientos Especiales y los Presidentes de los Órganos de Tratados de derechos humanos, expresaron una profunda preocupación sobre el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la crisis financiera que pone en riesgo su existencia.
Al exhorto a todos los gobiernos y otros actores de derechos humanos en las Américas a asignar los fondos necesarios para salvar uno de los organismos regionales de derechos humanos de mayor prestigio se sumó Human Rights Watch, quien señaló que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían asegurar prontamente que la CIDH reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato.
El 23 de mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que enfrenta una crisis financiera que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año. La ONU señaló que si no se encuentran soluciones urgentes, el impacto negativo para las víctimas, los peticionarios y la sociedad civil en su conjunto, así como para la situación de derechos humanos en la región, será imposible de calcular.
Los expertos de la ONU resaltaron que través de los años, la CIDH se ha convertido en un mecanismo sólido de protección de decenas de miles de individuos frente a violaciones de derechos humanos que ha guiado de manera invalorable a los Estados de la región con el fin de fortalecer la promoción y protección de derechos humanos. «La CIDH es un socio muy respetado y valorado por los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, en especial los Procedimientos Especiales y los Órganos de Tratados. Los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas se han inspirado en el trabajo progresista e innovador de la Comisión y en su tesonero compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en la región», declararon.
HRW valoró que la comisión ha contribuido a fortalecer estándares universales de derechos humanos referidos, entre otros, a la incompatibilidad de las amnistías por violaciones graves de derechos humanos con el derecho internacional, el limitado alcance de la jurisdicción penal militar, el acceso a información pública, los derechos de las personas LGBT y la violencia de género. «La comisión también ha protegido de abusos a cientos de víctimas y sus familiares a través de medidas cautelares. Actualmente, la comisión supervisa el cumplimiento por parte de numerosos gobiernos de cientos de medidas cautelares, y emite decenas de nuevas medidas cada año. Si los Estados miembros de la OEA no abordan oportunamente esta crisis financiera, es probable que se agraven los riesgos para numerosas personas, incluidos activistas y defensores de derechos humanos», sostuvo.
“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, consideró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión”. Especialmente, denunció que el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta “parcialidad” y sus “retrasos” en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara “medidas correctivas” para reformar a la comisión. “El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, opinó Vivanco. “Ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”.
Para la ONU, el siglo veintiuno debería caracterizarse por un fuerte apoyo por parte de los Estados, organizaciones regionales y universales a los órganos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos. «Ninguna razón presupuestaria puede justificar el debilitamiento de mecanismos internacionales o regionales que monitorean derechos humanos», valoró. «Sin embargo, la crisis puede ser solucionada. Exhortamos a todos los Estados a presentar sus donaciones y contribuciones financieras urgentemente, asegurando sin condiciones los fondos necesarios para el funcionamiento de la CIDH y garantizando que pueda retomar sus actividades para beneficio de la región, en cumplimiento de sus obligaciones regionales e internacionales de derechos humanos. También hacemos un llamado a otros actores relevantes para que apoyen financieramente a la Comisión. Simplemente, no podemos permitir su bancarrota”.
“Puede ser que la reducción de donaciones de Europa haya desencadenado esta crisis, pero la principal responsabilidad de financiar a la Comisión corresponde a los Estados miembros de la OEA, que la crearon para que protegiera los derechos de sus propios ciudadanos”, enfatizó Vivanco.
