*Comunidades llaman a la sociedad civil a que vuelvan a volcar su mirada a las comunidades más excluidas y discriminadas del país.
Ciudad de México, 02 de junio del 2016. Tras dos días de movilizaciones, miles de indígenas integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) concluyeron la Jornada Contra la Desigualdad y la Discriminación denunciando que el Gobierno federal no les permite participar en la creación e implementación de políticas de desarrollo que les afectan, incluidas aquellas relativas a su derecho a la alimentación.
Las 186 comunidades indígenas que componen el Consejo -provenientes de los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec y San Luis Acatlán- remarcaron la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno federal y estatal desde el 2013, después del paso de los huracanes Ingrid y Manuel. Denunciaron que son exactamente las autoridades federales que han incumplido los acuerdos las mismas que han llegado en los últimos días a Guerrero a simular compromiso con las comunidades mayormente excluidas, particularmente el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), José Antonio Meade Kuribreña, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles.
Los manifestantes indicaron que ha sido la propia Secretaría de Gobernación la que se ha comprometido desde diciembre del 2015 a reiniciar la implementación del programa “Que Llueva Maíz en la Montaña” -acordado con el Consejo- para abastecer a 16 mil familias de granos básicos por un año, sin cumplirlo.
Las comunidades urgieron a las autoridades federales que en la próxima reunión de trabajo, a sostenerse el martes 7 de junio del 2016, se indique la ruta para cumplir con los acuerdos sostenidos con un calendario objetivo para el inicio de las entregas de granos básicos, previo a que la temporada de lluvias vuelva a devastar su territorio. Además solicitaron a la sociedad civil a que vuelque sus ojos una vez más a las comunidades más excluidas y discriminadas del país que continúan en una situación de alta vulnerabilidad a casi tres años del paso de las tormentas.
«Las acciones del gobierno federal y estatal en los últimos días son reflejo de las políticas asistencialistas que no buscan resolver de fondo la discriminación estructural de las políticas y que, por el contrario, rechaza totalmente la participación de las propias comunidades en crear e impulsar políticas de desarrollo que combatan de raíz la pobreza con su participación, recuperando sus usos y costumbres y respetando su organización tradicional», sostuvo el Centro de Derechos Humanos de La Montaña «Tlachinollan».