*Llaman a que se garantice la seguridad de familiares y acompañantes.
Ciudad de México, 27 de mayo del 2016. En un país donde más de 27 mil personas se encuentran desaparecidas es indispensable que se emprendan acciones enérgicas para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos, incluyendo medidas inmediatas para garantizar el establecimiento de protocolos de actuación para la identificación de restos de personas localizados en fosas comunes, señalaron Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
«Ante los hechos ocurridos en Tetelcingo, Morelos, donde al parecer autoridades habrían colocado el cuerpo de un joven, identificado por sus familiares, en una fosa común, donde según registros oficiales yacían 116 cuerpos, los familiares de personas reportadas como desaparecidas en el Estado y organizaciones y/o instituciones acompañantes temen que esta situación se repita y las autoridades no adopten las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones que se realicen protegen adecuadamente todas las pruebas forenses y periciales», indicaron en un comunicado de prensa.
Las organizaciones firmantes hicieron un enérgico llamado a las autoridades estatales a garantizar que la exhumación de cuerpos hallados en el panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla, se realice conforme a los más altos estándares en materia forense. «Es urgente que las autoridades adopten las medidas necesarias para que durante este proceso no se revictimice a las y los familiares de personas desaparecidas en el Estado, quienes tienen derecho a estar permanentemente informados sobre el plan de exhumación, las técnicas empleadas y los expertos forenses que hayan previsto las autoridades estatales», abundaron.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, es crucial que todas las acciones emprendidas por las autoridades garanticen la seguridad de las y los familiares de personas desaparecidas, así como de las organizaciones y/o instituciones acompañantes. «Vemos con preocupación la posibilidad de que se utilicen el derecho penal y otras medidas administrativas para inhibir la defensa de los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas contra activistas y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos», alertaron.
Las y los defensores consideraron que el Estado de Morelos debe informar sobre los procesos de investigación que se llevan a cabo por cada uno de los restos de personas hallados en las fosas, particularmente aquellos respecto de los cuales se presuma que hubo alguna inhumación irregular y se investigue también la actuación de funcionarios sospechados de dichas irregularidades.