* Recordamos que en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa hay indicios de tortura; son muestra de la práctica cotidiana.
Ciudad de México, 24 de mayo 2016.- Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que durante los últimos nueve meses han aportado insumos para la Ley General en materia de tortura, aprobada el mes pasado por el Senado, lamentaron que dicha ley no se contemple para el periodo extraordinario acordado por el Congreso para el 13-17 de junio, aun cuando el plazo constitucional para su aprobación venciera en enero de este año.
Al contrario, una de las reformas en la agenda es el paquete conocido como la “Miscelánea Penal”, misma que contiene propuestas que fomentarían la tortura. Entre otros se propone legalizar que las fuerzas de seguridad no pongan a las personas detenidas a disposición de la autoridad ministerial de la localidad de la detención, sino que puedan llevar a la persona a otro lugar distinto. Esto significa la retención inconstitucional y prolongada durante la cual ocurren actos de tortura.
Asimismo, propone suspender el plazo máximo de la prisión preventiva cuando la persona imputada denuncia tortura. Puesto que gran número de personas imputadas se encuentran en prisión preventiva, debido a la aplicación automática de tal medida, esto significa que una persona acusada falsamente con base en una prueba fabricada bajo tortura, se podría quedar años en la cárcel con su proceso suspendido, medida que provocará que las víctimas de tortura simplemente se desistan de su denuncia.
Recordamos que, en semanas pasadas, el país se conmovió y se indignó ante varios videos circulados en las redes que muestran actos de tortura por fuerzas federales y estatales, así como uno en el que un funcionario de la Procuraduría del Estado de México reconoce que la fabricación de delitos es una práctica “de toda la vida”. Otra serie de casos referidos en el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) apunta a que la “verdad histórica” de Ayotzinapa se construyó bajo la fabricación de declaraciones. La sentencia recién dada a conocer en el caso Tlatlaya también otorga valor a declaraciones fabricadas bajo tortura a las sobrevivientes.
Dichos ejemplos actuales de alto perfil son sólo un botón de muestra de la práctica cotidiana de la tortura. Mientras persista la tortura en vez de las investigaciones, las miles de víctimas en México no tendrán acceso a verdad y justicia, y no podrá funcionar el sistema acusatorio y oral.
Por lo anterior, las organizaciones y la academia hacen un enérgico llamado al Senado a no aprobar las propuestas realizadas a la minuta de la Miscelánea Penal, y al Congreso en su conjunto para que demuestre un claro compromiso con la erradicación de la tortura como prioridad legislativa.