*Familias exigen la cancelación definitiva de los contratos de carbón de la empresa Integración Minera y que no continúe el ataque a las familias.
La Secretaría de Economía (SE), notificó la cancelación de la concesión minera operada por la empresa Integración Minera, del título correspondiente a Cloete Norte en Coahuíla, debido a que éste no cumplió con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), señaló la Organización Familia Pasta de Conchos.
La organización venía denunciando desde hace aproximadamente ocho meses, que la empresa, propiedad de Antonio Nerio y Servando Guerra, violó entre otras obligaciones, la distancia mínima de 350 metros lineales desde la última casa (el tajo se ubica a 50 metros de las casas del Infonavit Lomas Altas y del Barrio 3 de Cloete), y como lo ha venido haciendo el Concesionario, Álvaro Jaime Arellano, cuando menos desde hace una década.
En al menos tres ocasiones Protección Civil de Sabinas, había cancelado el proyecto. No obstante, tanto Protección Civil como los trabajadores retiraban los sellos, argumentando que cumplían con todos requisitos para continuar con el proyecto.
Ante ese panorama el gobierno envió a la comunidad a Rogelio Ramos Sánchez, ex alcalde de Frontera, para que las familias afectadas firmaran un documento donde estaban de acuerdo de que el tajo operara a 50 metros de sus viviendas a cambio de dinero, y el compromiso de la empresa de reparar el daño. Esto hizo que las familias refrendaran su rechazo al proyecto.
La organización pasta de Conchos también denunció una campaña de desprestigio por parte de políticos y periodistas contra la defensora Cristina Auerbach, acompañante de las familias. Así mismo un grupo de choque orquestados, según afirman en el comunicado, por el subsecretario Rogelio Ramos, el concesionario y el operador del tajo, destruyeron un memorial para los mineros de pasta de Conchos, allanaron las oficinas de la organización violando las medidas de seguridad establecidas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaria de Gobernación, ante la mirada complaciente de la Policía del Municipio de Sabinas que no intervino “porque era una manifestación pacífica”.
Para la organización la cancelación del tajo no es suficiente, pues las consecuencias de la operación del proyecto desde más de una década, han dejado daños ambientales. Por tanto, la organización exige al gobierno que emita la cancelación definitiva de los contratos de carbón de la empresa Integración Minera y además la reparación del daño. Así mismo, que se le finquen responsabilidades al Subsecretario Ramos Sánchez, por violentar el Estado de Derecho y por implementar medidas violatorias de los derechos humanos contra las familias de Cloete y de la defensora Auerbach.