Estado mexicano sigue apostando a la explotación de hidrocarburos

*Pemex ya ha fracturado hidráulicamente numerosos pozos en nuestro país: Alianza de 40 osc.

Ciudad de México, 17 de mayo. – En diciembre de 2014, el estado de Nueva York declaró prohibida la fractura hidráulica para extracción de gas y petróleo no convencional en su territorio. Sus principales argumentos fueron las investigaciones médicas y científicas publicadas en un compendio elaborado por el grupo de Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability de Nueva York. Este documento, “tiene el potencial para ser una herramienta en las luchas contra la fractura hidráulica en América Latina”, expresó Annette von Schoenfeld, representante de la Fundación Heinrich Böll.

Julián Ramírez de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) manifestó que “el compendio es una herramienta clave para la lucha contra la fractura hidráulica en México, puesto que el gobierno está impulsando de manera irresponsable esta técnica para extraer hidrocarburos no convencionales”. Según la Alianza, conformada por más de 40 organizaciones de 10 estados de la República, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha fracturado hidráulicamente numerosos pozos en nuestro país, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco, con la consecuente violación a los derechos fundamentales de las poblaciones.

El compendio reúne más de 500 publicaciones académicas, artículos de investigación periodística y reportes del gobierno norteamericano sobre los impactos del fracking. Los principales riesgos y daños identificados son “los impactos en la salud pública con afectaciones, entre otros, como disrupciones endócrinas, malformaciones, problemas respiratorios y cáncer dada la contaminación del aire, el uso excesivo y alarmante contaminación del agua, las emisiones radioactivas; además sismos inducidos por la disposición de las aguas de retorno, impactos de la infraestructura asociada, así como los riesgos en la seguridad y el aceleramiento del cambio climático”, explicó Sandra Steingrabe, coautora del compendio.

Basados en la experiencia de Estados Unidos, donde la fractura hidráulica se ha utilizado más de una década, “todos estos estudios evidencian que las regulaciones no pueden evitar ni mitigar los daños causados por esta técnica. La única vía para que los daños no se produzcan es prohibir el fracking, como se hizo el estado de Nueva York”, señaló Colleen Boland, fundadora del grupo We Are Seneca Lake y Friends Against Fracking de Nueva York.

 “Esta actividad ya ha dejado daños en las comunidades de Papantla en Veracruz, con afectaciones a la salud de las personas, así como sus fuentes de agua y actividades productivas y poniendo en peligro culturas y modos de vida milenarios. Ni las comunidades indígenas o campesinas, ni la población en su conjunto fueron informadas sobre el uso de esta técnica y mucho menos consultadas ni incorporadas en las decisiones, lo que pone en grave riesgo sus vidas y supervivencia”, denunció Alejandra Jiménez de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), parte de la Alianza.

Los daños ocasionados por la fractura hidráulica no se limitan a los pozos, sino que se extienden a la infraestructura para llevarla a cabo esta. Es el caso de los gasoductos que se construyen en el norte del país. Numerosas organizaciones y comunidades de Chihuahua se oponen a estos proyectos, por sus impactos negativos sobre los territorios, el medio ambiente, la salud y supervivencia de las poblaciones indígenas y campesinas. Exigen a las y los candidatos a la gubernatura que se posicionen en relación con la fractura hidráulica. También existe oposición en Sonora y en el sur de Texas donde, igual que con los pozos, los gasoductos están siendo impuestos sin garantizar los derechos de acceso a la información, consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Situación similar se vive con el acueducto Monterrey VI, proyectado para llevar agua del río Panúco a Nuevo León, afectando a los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas por el despojo de su río a las comunidades.