*La resolución no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente
Ciudad de México, 16 de mayo. El viernes pasado el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de tres militares implicados en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México. Los soldados fueron absueltos de los “delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo” por falta de pruebas.
La resolución confirma la advertencia hecha por Centro Prodh, el pasado 29 de mayo donde señalaba que el fuero militar exoneraba a soldados involucrados, y que el caso se encaminaba a quedar impune; uno de los más graves casos recientes. En ese sentido, la resolución confirma también que en México no hay justicia para las víctimas de abusos castrenses.
La resolución muestra que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) fue deficiente, por lo que es su responsabilidad. No obstante, también se deja ver a un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos.
Cabe destacar que la resolución no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente. La CEAV, apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre esta posibilidad e interponer los recursos. La actuación de esta instancia debe evitar reproducir lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que no fue proactiva en los juicios para evitar que estos terminaran contradiciendo su recomendación. Importante señalar que la CNDH calificó los hechos como grave violación.
Para Clara Gómez, sobreviviente y madre de Érika, esta resolución evidencia la falta de acceso a la justicia, pues al no ser reconocida como víctima no podrá impugnarla. No obstante, con la asesoría del Centro Prodh seguirá valorando alternativas legales e internaciones para buscar justicia, lo que incluye la investigación hasta ahora omitida por PGR de la orden de abatir. Estando libres todos los responsables de la masacre de Tlatlaya, su defensa exigirá garantías de seguridad para su persona y su familia.
En su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Alejandro Medellín, especialista en las Fuerzas Armadas, integrante del Casede, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, escribió el viernes: “La liberación de los tres militares de Tlatlaya es la disculpa pública de Enrique Peña Nieto a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa y la Sedena”.