*Tres jueces federales reconocen el sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PC, no obstante otros policías comunitarios continúan presos.
![Foto: Tlachinollan](http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/wp-content/uploads/2016/05/CiTPURGUkAEnus_-300x225.jpg)
Ciudad de México, 13 de mayo. Después de tres años en prisión fueron liberados seis policías comunitarios pertenecientes a la Casa de Justicia del Paraíso de Ayutla de los Libres, Guerrero. El juez mixto de Ayutla de los Libres y la jueza segunda en materia penal de Tlapa, consideraron que no existen elementos que acrediten el delito de secuestro, misma acusación contra Nestora Salgado, quien fue liberada el pasado 18 de marzo.
El juez Sexto de Distrito estableció que se violó el debido proceso en agravio a las autoridades indígenas porque el juez omitió el derecho de los pueblos indígenas de tener sus propias formas de impartición de justicia, organización social y política.
Los policías comunitarios fueron detenidos el pasado 13 de agosto del 2013 durante un operativo conjunto entre la Policía Federal, la Marina y el Ejército Mexicano y remitidos a la fiscalía de Acapulco. Durante el arraigo se les negó un abogado y un traductor. Al termino de éste, fueron consignados ante el juez Cuarto de Distrito acusados del delito de secuestro de dos personas. Meses después se les notificó otra orden de aprehensión por el secuestro de 43 personas más, portación de armas y delincuencia organizada.
El encarcelamiento de los seis policías comunitarios, así como de la coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado fue condenado por las comunidades pertenecientes a la CRAC-PC como una afrenta a su autonomía y autodeterminación como pueblos indígenas. En todo este proceso lograron que jueces federales reconocieran mediante tres resoluciones a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló mediante un comunicado que el gobierno federal y estatal debe reconocer plenamente el sistema de justicia y seguridad propios, y la inmediata liberación de los demás policías comunitarios que se encuentran presos.