* Exige centro de derechos humanos el respeto del derecho a la consulta conforme a los más altos estándares en la materia.
Ciudad de México, 10 de mayo de 2016. El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, en Veracruz, denunció la realización de trabajos para el proyecto carretero Periférico Córdoba-Orizaba sin importar el rechazo de 10 comunidades afectadas, y exigió que se garantice el derecho a la consulta de acuerdo con los más altos estándares internacionales.
Comunidades y organizaciones expresaron hace unos días su rotundo rechazo al proyecto que empuja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) e invadirá territorios de los municipios de Maltrata, Camerino Z. Mendoza, Nogales, Huiloapan de Cuauhtémoc, Río Blanco, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán, Fortín, Córdoba y Amatlán de los Reyes, municipios que forma parte del Valle y de las Grandes Montañas de la Zona Centro del estado de Veracruz.
Pobladores afectados denunciaron que el día 3 de mayo, trabajadores de la empresa Consultora Mexicana de Ingeniería S.A. de C.V., ingresaron sin conocimiento ni autorización de los habitantes a tierras de la comunidad de Alpopoca, ejido de Campo Chico, municipio de Ixtaczoquitlán. Unos días antes, el 25 de abril, también ingresó personal que no se identificó. «Pese a la exigencia hecha hacia las autoridades: Secretario de Comunicaciones y Transportes, Presidente municipal de Ixtaczoquitlán, presidente del Comisariado de Campo Chico, Subagente municipal de Campo Chico, para que garanticen los derechos humanos de los habitantes de las comunidades del Valle de Tuxpango, no ha existido ninguna respuesta por parte de ellas», lamentó el centro de derechos humanos.
Las organizaciones acompañantes de las comunidades exigieron que cese la invasión y allanamiento al territorio de la comunidad de Alpopoca y de las comunidades del Valle de Tuxpango; que se informe a la población de cualquier proyecto que se pretenda realizar en sus tierras y territorio y se consulte a las comunidades de acuerdo a los más altos estándares internacionales en la materia, y que se respeten las decisiones que las comunidades tomen bajo sus formas de organización propias.