*El grupo señala que falta mucho para resolver el caso y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional.
Ciudad de México, 02 de mayo de 2016. En espera de que su trabajo en cuanto a hallazgos, líneas de investigación y recomendaciones estructurales respecto a la procuración de justicia, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas fortalezca el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para supervisar el caso Ayotzinapa, entregaron 20 recomendaciones principales para continuar con la investigación.
Las recomendaciones fueron entregadas durante una reunión con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, y con el equipo responsable del caso, a quienes también se les proporcionó el informe Ayotzinapa II y el material de video y fotografía original en el que se basó el video presentado por el GIEI sobre la escena del río San Juan del 28 de octubre de 2014.
Entre los puntos que el GIEI destacó como ruta de seguimiento del caso y para supervisión de la sociedad se encuentran: la unificación de las distintas causas penales para investigar y juzgar de manera integral los hechos; incorporar las distintas Averiguaciones Previas que se han iniciado en contra de los procesados a una única investigación para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que se considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi; realizar una investigación integral que incluya no sólo la noche de los hechos, sino al grupo criminal que participó, pues atualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y los segundos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). Además de que se agregue este aspecto, recomendó el GIEI, se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación, «que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH».
Las y los expertos señalaron que es necesario investigar y tipificar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, como desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio,encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas. Además, se deben incluir los testimonios de las familias de Los Avispones y agotar todas las declaraciones solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las de las autoridades políticas del Estado de Guerrero, el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas. En este rubro, el grupo insistió en que deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II.
El GIEI remarcó que con la información de telefonía incorporada en el expediente deben trazarse nuevas líneas de investigación; recordó que es necesario realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de las armas asignadas a la Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal y Policía Federale e investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuando levantó 42 casquillos en la zona alta del basurero sin notificar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En cuanto a las identificaciones por ADN, el grupo recomendó que se establezca una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck y acordar la comunicación de forma consensuada con los peritos de los representantes de las víctimas, el EAAF. Además, la Oficina de Investigación del caso Iguala debe continuar con preparación realizada por el GIEI para la identificación de la ropa y objetos encontrados en los autobuses.
Las y los expertos consideraron que la PGR deberá requerir la documentación militar relevante sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, requerir los planes locales de seguridad y recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.
La línea de traslado de estupefacientes también debe ser agotada, reiteraron las y los integrantes del GIEI, incluyendo la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos y el medio de transporte utilizado. En esta línea, deben realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer cuál fue el autobús (y el chofer) que efectivamente salió de la Central Camionera la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 e investigarse si existen funcionarios responsables de que los hechos sobre este autobús se omitieran en las distintas consignaciones iniciales.
El GIEI también señaló que se deben investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías, con la participación de peritos independientes con experiencia en la evaluación de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul. En este tenor, explicó el grupo, también se debe determinar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y con su obligación de proteger a los ciudadanos e investigar.
Las recomendaciones del grupo también urgen a capturar a la mayor brevedad a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala. También se deberá investigar el patrimonio de presuntos responsables del caso y a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa, ya sea por falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia. Esto incluye la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.
Ante los numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la verdad histórica, «es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen las motivaciones de los normalistas, el desarrollo de los hechos y la falta de claridad sobre el destino de los normalistas», sostuvo el grupo. «Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los normalistas», insistió. Y dado que los normalistas siguen desaparecidos, recalcaron, las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas. «La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales», sentenció el GIEI.
Para el GIEI, las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación pública sin informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. Además, las acciones de victimización y estigmatización en su contra deben ser investigadas.
«Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, agradecen al Estado, a los representantes de las víctimas, a los familiares y a México la posibilidad de haber llevado a cabo su trabajo a pesar de las dificultades y, sobre todo, agradecen también el apoyo, la atención y el monitoreo continuo de su trabajo por parte de numerosos sectores de la sociedad mexicana e internacional: los familiares de las víctimas y normalistas sobrevivientes, sus representantes, las organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas, periodistas, líderes de opinión, artistas, medios de comunicación, ciudadanos de a pie, congresistas, organismos internacionales, delegaciones diplomáticas de otros países, entre muchos otros», indicaron en un comunicado. «El GIEI les deja estas recomendaciones, los dos Informes Ayotzinapa I y II, y espera que el mecanismo de seguimiento que se articule entre las partes con la CIDH contribuya a mantener el apoyo internacional en este caso que ha conmovido a México y el mundo», finalizaron.