*Recomiendan cesar el apoyo diplomático y establecer salvaguardas a las inversiones.
Ciudad de México, 26 de abril de 2016. Más de 190 organizaciones sociales de América Latina, Europa y Estados Unidos llamaron al Primer Ministro de Canadá, el liberal Justin Trudeau, a promover reformas con el fin de regular eficazmente la acción de empresas mineras canadienses en el mundo y garantizar que respeten los derechos humanos, destacadamente el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado.
«Luego de varios años de indisposición al diálogo y falta de autocrítica por parte del anterior gobierno, tenemos la esperanza de que su compromiso por los derechos humanos culminará en medidas que harán responsables a las corporaciones y agencias estatales y prevendrá más abusos por parte de las compañías mineras canadienses operando en el extranjero. Tales medidas permitirán que Canadá sea reconocido como una nación que respeta los derechos humanos», manifestaron las organizaciones.
El apoyo diplomático y financiero del Estado canadiense a empresas mineras que cometen o toleran violaciones de derechos humanos en América Latina ha sido evidenciado por comités temáticos y relatorías especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), así como en audiencias públicas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones recomendaron, «en vista de la sensibilidad por los derechos humanos manifestada por usted durante la inauguración de su nueva administración», que no se brinde ningún apoyo gubernamental que busque influenciar la adopción o modificación de marcos regulatorios en los países receptores de proyectos extractivos. Sugirieron que se exija a las empresas que incorporen estándares internacionales de derechos humanos y transparencia en la regulación de las agencias de crédito e inversión pública y privada que financian actividades extractivas e impongan salvaguardias a las empresas que reciban subsidio estatal.
También pidieron garantizar un efectivo acceso a la justicia ante los órganos de la jurisdicción canadiense, para que las víctimas de violaciones a derechos humanos provocadas por empresas canadienses en el exterior puedan obtener justicia, verdad y reparación integral. Consideraron necesario crear mecanismos objetivos, imparciales y eficaces de monitoreo e investigación de denuncias de violaciones a derechos humanos, individuales y colectivas, provocadas por empresas mineras canadienses en el exterior. Otras medidas que debería adoptar Canadá, expusieron, son dejar de impulsar tratados de libre comercio y acuerdos de inversión que favorecen la protección y la promoción de los intereses de las empresas mineras canadienses por encima de los derechos humanos, individuales y colectivos, y la protección del medioambiente, y abstenerse de impulsar mecanismos de arbitraje internacional, «que es una herramienta poderosa para blindar las inversiones extranjeras que se favorecen de la inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos».